La Asamblea Legislativa gestionará ante el Gobierno del Distrito Federal y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) la instalación de una mesa de trabajo que revise y atienda la problemática de los usuarios del servicio de energía eléctrica en la ciudad de México por cobros excesivos, adeudos, pagos y regularización del fluido.

En un punto de acuerdo promovido por la diputada del PRD Aleida Alavez y presentado en tribuna por su homóloga Karen Quiroga se advierte que con la desaparición de Luz y Fuerza del Centro no sólo se perdieron empleos, sino también se corre el riesgo de que surja tensión social si no se establecen de manera oportuna mecanismos que resuelvan el vacío que dejó la paraestatal.

En el documento se asienta que existen cientos de denuncias en la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) interpuestas por usuarios que han recibido cobros excesivos, sin que la CFE dé una respuesta de cómo se determinan éstos.

A raíz de la extinción de Luz y Fuerza del Centro hubo confusión entre los usuarios para realizar sus pagos, porque no existe la mínima atención y resolución de conflictos elementales como la determinación de los cobros por el uso del servicio, refirió Quiroga.

La perredista dijo que es necesario que el ente liquidador, en este caso el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, y la CFE otorguen certeza de los pagos que realicen los usuarios y con ello evitar la incubación de un conflicto social de gran envergadura.

Dijo que no se debe pasar el costo de las malas decisiones a los contribuyentes apelando a los mal llamados rescates financieros.

Aunado a la inconformidad en los cobros, se encuentra el mal servicio que se otorga, lo que provoca constantes apagones, sobrecargas y cortes de energía, que se traducen en cuantiosas pérdidas económicas en las actividades productivas y en los hogares, agregó.

Ante ello, consideró que el órgano legislativo no debe ser ajeno a las necesidades derivadas de este conflicto social, por lo que se erigirá en una vía para canalizar las quejas de los vecinos y como mediador entre los usuarios, no como validación de una medida arbitraria, sino como el compromiso con los habitantes del Distrito Federal para la defensa de sus derechos y su bienestar.