El presidente Felipe Calderón admitió que algunos servidores públicos de los poderes judiciales han sido amenazados e incluso agredidos por los criminales. Ante ello, su gobierno ofreció a los integrantes de este sector compartir información de los órganos de inteligencia que contribuyan a combatir la corrupción y prevenir amenazas.

Reconoció también que el problema de la justicia en México es la impunidad de la que goza, por desgracia, la delincuencia, así como la falta de presupuesto –a nivel federal y local– para aplicar algunas de las recientes reformas en materia penal.

Durante una nueva sesión del Diálogo por la Seguridad, esta vez con integrantes del Poder Judicial, así como legisladores y funcionarios públicos vinculados al tema de la procuración de justicia, nuevamente no se definieron acuerdos concretos e incluso el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Guillermo Ortiz Mayagoitia, pidió tiempo para asumir compromisos.

Nuevos compromisos del Poder Judicial federal frente a estos Diálogos de Seguridad. Expreso con toda claridad que no veníamos preparados para este tema. Mi compromiso en este momento es comentarlo con amplitud en el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y será delante del Observatorio Ciudadano del Poder Judicial de la Federación donde podamos asumir nuevos compromisos y acciones de los cuales daremos oportuna cuenta, expresó el ministro.

Esta sesión fue convocada aparentemente de última hora; algunos de los presentes en el lugar en donde se desarrollan estos encuentros (Casino Militar del Campo Marte), procedentes de la Secretaría de Gobernación y de la Procuraduría General de la República (PGR), así como del Consejo de la Judicatura y de diversos tribunales superiores de justicia de los estados, comentaron que les avisaron de la cita ayer por la tarde.

El presidente Calderón ofreció recursos adicionales –en la definición del presupuesto para el próximo año– a fin de aligerar esta carencia, aspecto que, de acuerdo con integrantes del Poder Judicial, impide el óptimo desempeño y la aplicación de nuevas leyes y esquemas para castigar a delincuentes.

“Estoy seguro de que la ciudadanía estaría dispuesta a realizar el esfuerzo económico que la contribución a los gastos públicos implica para fortalecer los recursos de los poderes judiciales (…) precisamente para resolver problemas cercanos a la ciudadanía”, dijo el mandatario.

En el encuentro, que se prolongó tres horas, el ministro Ortiz Mayagoitia aseveró que el Poder Judicial no encubre ninguna actuación ilegal o indebida de sus miembros, aunque reconoció que sí existen amenazas para los juzgadores.

Señaló que el CJF está muy atento para velar por la honestidad e integridad de sus integrantes y señaló que todas las instituciones del Estado mexicano estamos del mismo lado, combatiendo la corrupción y la infiltración por parte del crimen organizado.

De 2007 a la fecha, dijo, el CJF ha sancionado por faltas administrativas en diversos grados a 42 jueces de distrito y magistrados de circuito, incluso con suspensión en el ejercicio de sus cargos y con destituciones definitivas; precisó que las sanciones son impuestas con base en datos objetivos y nunca por rumores o acusaciones genéricas. Las investigaciones de presuntos delitos de juzgadores son responsabilidad de la PGR.

Durante su mensaje, el  presidente Calderón dijo a los asistentes que hoy México pasa por un momento particularmente delicado en materia de delincuencia, porque la acción criminal no sólo constituye una amenaza a la integridad física, familiar o patrimonial de los mexicanos, sino también a las instituciones democráticas.

No debemos permitir, agregó, que la delincuencia encuentre espacios para evadir la acción de la justicia; debemos actuar y dialogar con otros actores, como el Poder Legislativo, para corregir aquellas lagunas u omisiones que en la ley permitan, precisamente, generar mayores espacios de impunidad.