Presuntos delincuentes que no son sentenciados por falta de pruebas contundentes, nuevas leyes en materia penal que no han sido puestas en marcha a cabalidad por carecer de coordinación y presupuesto, así como deficiente integración de expedientes, son algunas de las fallas denunciadas ayer por integrantes del Poder Judicial Federal durante el Diálogo por la Seguridad, convocado por el presidente Felipe Calderón.

El mandatario preguntó a los representantes del Poder Judicial qué podían hacer los juzgadores ante el grave problema de inseguridad, de violencia y de impunidad que se vive en el país, pero el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Guillermo Ortiz Mayagoitia, le reviró que aunque todos los poderes de la Unión estén del mismo lado y no han bajado la guardia, los jueces no pueden declararse inmersos en la lucha contra la delincuencia.

En principio, el ministro precisó que 15 por ciento de los casos donde se dicta auto de formal prisión no llegan a sentencia condenatoria porque los jueces federales estiman que (la Procuraduría General de la República, PGR) no aporta las pruebas suficientes para demostrar, de manera irrefutable, la responsabilidad del acusado.

Aristas de la reforma penal

Entonces en la reforma penal, si no se establece de manera integral tomando en cuenta a todos los que debemos participar en ella, puede generarse un riesgo de aumento de la criminalidad, advirtió el ministro durante su exposición.

El jefe del Ejecutivo también manifestó su preocupación porque Chihuahua, pese a que existe un mayor avance y antigüedad en la aplicación de juicios orales, continúa como la entidad más violenta, con 30 a 35 por ciento de las ejecuciones registradas en el país.

Ortiz Mayagoitia le respondió –como opinión personal– que esa situación deriva de una ausencia de acción directa y pericia de los policías.

En el caso de Chihuahua, precisó, si no hay una acción directa para que nuestra policía se convierta en una auténtica policía investigadora que sepa resguardar todas las formalidades de un proceso de investigación, si no hay experiencia en quienes van a ejercer la labor de fiscales o de acusadores, muchos procesos pueden resultar fallidos por el error en la forma de recabar una prueba cuando estaba por decretarse la libertad, y la verdad ya no sé qué paso al final (del proceso) de una persona por un delito muy grave.

En el diálogo convocado por Los Pinos para tratar de definir una política de Estado en materia de seguridad, el presidente Calderón ofreció al Poder Judicial hallar la forma de entregarle más recursos e incluso brindarle datos de inteligencia que le ayude a ubicar los probables casos de corrupción o de agresión a juzgadores. Sin embargo, dejó ver su preocupación porque hay un alto número de personas detenidas en acciones de la Policía Federal o de las fuerzas armadas, incluso en flagrancia, pero un menor grupo de personas sujetas a proceso o condenadas.

“¿Eso obedece –preguntó el jefe del Ejecutivo– realmente a deficiencias que estamos teniendo en el Ministerio Público Federal y estatales? ¿Hay algo que se pueda hacer con ello?”

Respecto del problema de la impunidad, cuestionó el hecho de que delitos que se cometen no se castiguen. ¿De qué manera podemos acotar este asunto y, concretamente, qué podemos hacer en el gobierno federal a mi cargo, pero también los poderes judiciales federal y locales? ¿Qué pueden hacer o qué cosas debieran realmente revisarse a fondo para combatir este problema?

El cúmulo de interrogantes del mandatario halló algunas respuestas en los propios diagnósticos de la PGR, de los legisladores presentes en el diálogo y de los representantes del Poder Judicial responsables de diversas regiones del país, quienes detallaron los escollos en este rubro, aun cuando hay avances en la aprobación y aplicación de leyes en materia penal.

Por ejemplo, el legislador Ricardo Fidel Pacheco (PRI), representante del Senado ante el Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, dijo que el Congreso de la Unión ha avanzado en su tarea de aprobar diversas iniciativas enviadas por el Ejecutivo; no obstante, apuntó, comienzan a darse alertas respecto de la ejecución de penas, que habrá que atender en todo el país el próximo año con los jueces de control (juicios orales) o en la aplicación de la Ley de Extinción de Dominio (incautar bienes producto de actos ilícitos).

Sobre ese último punto, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación advirtió que se trata de una figura de poco uso, pese a que existe un juzgado especializado para ello. No tengo el dato exacto del número de casos que lleva, pero no llegan ni a 10 con toda seguridad; entonces, como son tan pocos, tuvimos que ampliar su conocimiento para no incurrir en desperdicio de recursos humanos.

A su vez, el titular de la PGR, Arturo Chávez Chávez, reconoció que la gravedad del fenómeno delincuencial empieza a corroer las estructuras básicas del Estado mexicano, con la existencia de bandas de la delincuencia organizada y del narcotráfico que se han empoderado. Por ello, el funcionario convocó a concretar con más éxito las reformas penales en las entidades y se refirió asimismo a la urgencia de contar con un código de procedimientos penales para todo el país.