Especialistas y académicos señalaron que para convertir a México en una nación democrática y equitativa es necesario refundar el Estado mexicano, pues el estado de derecho actual no responde a los intereses colectivos.

Durante el segundo día de actividades del foro para la Reforma del Estado que se realizó en la Coordinación de Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Mónica González Contró, académica del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) e integrante del Sistema Nacional de Investigadores, criticó que la administración federal anteponga la lucha por la seguridad sobre los derechos humanos.

Dijo que estas garantías no son un obstáculo, sino el mejor antídoto para aliviar la situación del país. Agregó que resulta más costoso para los mexicanos tener al Ejército en la calle y la pérdida de miles de vidas debido a la estrategia contra el narcotráfico, que apostar por la educación de la juventud.

El principal promotor de este foro fue el presidente de la Asociación Nacional para la Reforma del Estado, Porfirio Muñoz Ledo, quien gestionó ante las autoridades universitarias la realización del acto en la UNAM.

En su turno, Diego Valadés, integrante del IIJ, dijo que para que se presente un estado de derecho son necesarios tres elementos: que las decisiones del poder sean predecibles, controlables y responsables, tres elementos inexistentes hoy en día en México.

Agregó que la mayoría de las acciones emprendidas por Felipe Calderón contra el crimen organizado son ilegales.

Las acciones militares en las que han muerto líderes del narcotráfico son ilegales, pues para dichos operativos los soldados no contaban con órdenes de aprehensión expedidas por un juez ni captaron en flagrancia a los presuntos criminales, lo que implica que han habido homicidios.

Las 28 mil ejecuciones derivadas de la lucha contra el narco, dijo, permanecen en la impunidad, pues no son investigadas. Añadió que el gobierno federal ha insistido en que se apruebe una ley de seguridad nacional que permita el uso de las fuerzas castrenses en labores de seguridad, por lo que se facultaría al Presidente a no aplicar la Constitución y se pretende que una ley esté por encima de la Carta Magna.

Miguel Concha, director del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, aseveró que la Constitución es obsoleta en materia de derechos humanos, ya que no establece mecanismos de exigibilidad y justiciabilidad.

Subrayó que durante la actual administración se han constitucionalizado medidas regresivas de las garantías fundamentales como el arraigo, acción judicial que diversos organismos internacionales califican como comparable a la prisión preventiva.