Washington, 12 de agosto. La estrategia de Estados Unidos de inyectar 700 mil millones de dólares a instituciones del sector financiero que se vieron afectadas durante la crisis de 2007 a 2009 ayudó a bancos extranjeros cuyos gobiernos debieron haber compartido parte de la carga, señaló este jueves una agencia reguladora del Congreso.

En su reciente crítica al manejo del Departamento del Tesoro del Programa de alivio de activos en problemas (TARP, por sus siglas en inglés), creado en 2008 durante el gobierno de George W. Bush, el informe sostuvo que otros países recibieron ayuda del rescate estadunidense que excedió los beneficios de sus programas en Estados Unidos.

Ayudar a AIG benefició a Francia y Alemania

El panel de supervisión del Congreso citó como ejemplo el caso de la aseguradora American International Group (AIG), donde resaltó que mientras bancos de Francia y Alemania fueron grandes beneficiarios del rescate de AIG iniciado por Estados Unidos, el gobierno estadunidense asumió el riesgo total de 70 mil millones de dólares del programa de inyección de capital a AIG.

Funcionarios del país deberían haber vigilado más de cerca lo que los bancos estaban haciendo con el dinero de los rescates, cuáles operaciones y qué países se estaban beneficiando, agregó el informe.

También destacó que la ayuda estadunidense tuvo mayor impacto internacional que los esfuerzos de otros países dentro de Estados Unidos, y llamó a los políticos de todo el mundo a desarrollar planes para responder de forma global ante próximas crisis.

El informe del panel sostiene que no es demasiado tarde para pedir algo de transparencia sobre el destino de los fondos del TARP y sobre quiénes se beneficiaron de ellos, y afirma que el Tesoro debería acelerar el ritmo. El panel insta fuertemente al Tesoro a comenzar ahora un informe con más datos sobre cómo el TARP y otros fondos de rescate se distribuyeron internacionalmente, y a documentar el impacto del rescate estadunidense en el exterior, acotó.

El panel de supervisión está encabezado por Elizabeth Warren, considerada una potencial candidata a liderar la nueva agencia de protección al consumidor, creada como parte de la reforma a la regulación financiera promulgada el mes pasado por el presidente Barack Obama.