El Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros obtuvo del juez noveno de distrito del estado de Sonora una suspensión provisional para evitar que sean desalojados los trabajadores de Cananea, lo cual fue calificado por el líder de este gremio, Napoleón Gómez Urrutia, como un logro de la justicia y del derecho. Incluso, trabajadores de esta mina ingresaron ayer mismo a su centro de trabajo.

Sin embargo, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), encabezada por Javier Lozano Alarcón, desmintió anoche que se haya concedido un amparo al sindicato minero por el asunto de Mexicana de Cananea; sostuvo que el juez de Agua Prieta únicamente otorgó una suspensión provisional que no tiene efectos restitutorios, por lo que la terminación de las relaciones de trabajo es un acto firme y constituye una cosa juzgada, además de que la empresa continúa en posesión de las instalaciones.

En entrevista, Gómez Urrutia insistió en que el juez concedió dicho amparo para que los trabajadores puedan mantener la huelga y sean retiradas las fuerzas federales que la ocupan.

Según explicó, el sindicato había promovido un amparo contra el operativo en el que se usó la fuerza federal para tomar las instalaciones de la mina, por lo que ahora tienen que desocupar la misma atendiendo a esta resolución judicial. Incluso, dijo que Grupo México no está autorizado para sustituir a los trabajadores sindicalizados de Cananea hasta en tanto no se resuelva el conflicto de huelga, por lo que los mineros tienen todo el derecho de regresar a su centro de trabajo.

El sindicato incluso notificó al secretario de Seguridad Pública federal para que, una vez sabedor de la suspensión de amparo, se abstenga de llevar actos que violen la misma y de ninguna manera se obstaculice la posesión pacífica de las instalaciones a los trabajadores en huelga.

Por su parte, la STPS aclaró que es completamente falso que se haya concedido un amparo, y explicó que “un órgano jurisdiccional concedió la suspensión provisional para el efecto de que las cosas se mantuvieran en el estado que actualmente guardan.

Más aun, el juzgado de distrito determinó que la suspensión concedida no surtiría efecto si los actos reclamados ya se habían ejecutado. Como se recordará, desde el mes de junio de 2010 la empresa Mexicana de Cananea recuperó la legítima posesión de sus instalaciones, señaló la dependencia, y destacó que, incluso en este amparo, al sindicato minero le fue negada la suspensión solicitada en contra de la contratación de nuevos trabajadores por parte de la empresa; en contra del boletín de la STPS del 14 de febrero de 2010 y su difusión en la página de Internet, y también se le negó la suspensión en contra del acto de declarar la terminación de la huelga.

La STPS reitera que las relaciones de trabajo en la mina de Cananea, así como el contrato colectivo que tenía celebrado la empresa con el sindicato minero, concluyeron al haber quedado firme la resolución de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, pues se agotaron todos los recursos promovidos por la dirigencia gremial.

En Hermosillo, Sonora, cientos de mineros de Cananea protestaron este jueves frente a la sede del gobierno del estado para demandar a la administración local que busque un diálogo entre empresa y sindicato que finalice con tres años de huelga en el socavón y se cumpla con la orden emitida por un tribunal colegiado.

Los dirigentes del movimiento minero precisaron que desde la tarde del miércoles cuentan con un nuevo amparo, otorgado por un tribunal colegiado con sede en Agua Prieta, Sonora.

Sergio Tolano Lizárraga, dirigente de la sección 65 en Sonora, aseguró que la orden del tribunal colegiado que se obtuvo el miércoles sí obliga a las autoridades del gobierno federal a sacar de Cananea a los cientos de policías federales que resguardan las instalaciones desde el 7 de junio pasado.

Detalló que este jueves se reunió en la ciudad de México, junto con integrantes del gremio y del gobierno de Sonora, con el secretario de Gobernación, José Francisco Blake Mora, con quien acordaron avanzar en la instalación de una mesa de negociación la próxima semana en la capital del país.