La Ley de Desarrollo Cultural del Estado de Oaxaca, aprobada el miércoles 11 por unanimidad en el Congreso local, contiene como principio rector el derecho y acceso a la cultura, así como la competencia de los órganos oblidos a su aplicación y define las políticas del gobierno estatal en la materia.

El ordenamiento entrará en vigor un día después de su publicación en el Diario Oficial de la entidad, que ocurrirá en breve, adelanta Andrés Webster, titular de la Secretaría de Cultura del gobierno de Oaxaca, en entrevista telefónica. Es una ley muy particular que corresponde al estado y esperemos se vuelva un modelo, sobre todo ahora que se discute una a escala federal.

Webster señala que la legislación, que es muy ágil y sin mucho articulado, tiene más de un año de trabajo y considera muchos elementos de la cultura oaxaqueña para su protección, garantizar el respeto a la diversidad, mejorar el ámbito educativo, la divulgación, promoción y brinda elementos para el desarrollo material de la entidad, subraya el funcionario.

Hablamos de una nueva visión de la cultura, que además de ser un elemento para proteger la identidad, lo sea también para el desarrollo social y económico.

El primer artículo de la ley reconoce el derecho a toda persona al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios culturales, así como a la libre manifestación de las expresiones culturales, que tiene como antecedente las reformas al artículo 12 de la Constitución local, en octubre de 2008, y a la Constitución federal, en su artículo cuarto, en abril de 2009.

También se pone énfasis en la ejecución de políticas públicas para evitar la discriminación cultural por origen étnico, nacional, de género, idioma, edad, discapacidad, condición social, de salud, religión, opinión o preferencia sexual.

Vínculo con la sociedad civil

De acuerdo con el ordenamiento, los ejes estratégicos de la política cultural son cinco: la salvaguarda del patrimonio cultural; el respeto a la diversidad; formación, capacitación, educación e investigación artística y cultural; difusión y divulgación cultural, así como el desarrollo sustentable.

La ley establece que las autoridades responsables de la aplicación de la ley son el Eejecutivo del estado, las secretarías de Cultura, de Turismo, el instituto estatal de educación pública y los ayuntamientos.

De igual forma, se ordena la creación de un Consejo de Participación para el Desarrollo Cultural que servirá de vínculo con la sociedad civil. La propuesta es crear consejos ciudadanos para pugnar por la participación integral de la comunidad oaxaqueña y en los que deberán estar representadas las ocho regiones del estado, los pueblos originarios, organizaciones civiles, la iniciativa privada y primordialmente artistas de las diversas disciplinas de las múltiples expresiones del estado, donde destacan desde las musicales, grupos de marimba, danza folclórica, artesanos y artistas plásticos.

Mencionar al maestro Francisco Toledo es ineludible, pues el artista siempre ha luchado de manera independiente por la defensa de los valores culturales de la entidad e impulsado la creación de importantes centros como el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca (IAGO).

Actores en la vida cultural de Oaxaca, como Toledo y la Fundación Harp Helú, se espera que formen parte en el consejo de participación ciudadana, ya que se prevé la presencia del mecenazgo y se brinda certeza jurídica a la iniciativa privada mediante estímulos fiscales, según informó a La Jornada ayer el representante del gobierno estatal.

Hay ambigüedad, dice jurista

Para Lucina Jiménez, especialista en gestión cultural, Oaxaca es un estado donde las culturas, las lenguas y la diversidad son parte de la riqueza más grande, pero ese patrimonio necesita otras condiciones para volverse fuente de bienestar comunitario, por lo que tener una ley de cultura estatal es un avance importante sobre todo al reconocer los derechos culturales.

La promotora cultural resaltó que aunque Michoacán y Coahuila elaboraron sus leyes de cultura, la de Oaxaca recupera temas clave como medio ambiente y sustentabilidad, apoyo a las empresas culturales y nuevos esquemas de financiamiento.

Ahora el reto es hacer compatible el ordenamiento estatal con el carácter federal de la legislación en materia de patrimonio.

México necesita una legislación nacional que articule el pacto federal en una visión contemporánea de la política cultural en relación con los derechos humanos, la diversidad cultural y el desarrollo humano sustentable, señala.

El antropólogo Bolfy Cottom resalta que la legislación denota una influencia de organismos internacionales, concretamente de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, que se sujeta a los lineamientos de la nueva forma de entender la parte cultural en la que se asume como dogma su acceso. Sin embargo, hay gran ambigüedad en lo que se entiende por cultura, además de que nunca se define qué es el desarrollo cultural, a pesar de ser el objeto fundamental del ordenamiento.

El especialista en derecho y patrimonio cultural reconoce que hay buena intención de difundir el conocimiento y da importancia a la investigación, divulgación, el estímulo a creadores, pero se requiere de un gran monto presupuestal, además de que persiste el problema de la arbitrariedad del uso conceptual, lo que podría quedar en una lista de buenos deseos difícil de ejecutar.