na historia extraída del manual de las privatizaciones y el despojo territorial se vive desde hace algunos años en la sierra Tarahumara, en el estado de Chihuahua, donde con el clásico proyecto de aeropuerto, teleférico, hoteles, cabañas y demás obras para el turismo, pretenden arrebatarle al pueblo rarámuri una superficie de 16 mil 924 hectáreas, en la que habitan un total de 203 familias indígenas con un promedio de 7 miembros por familia, lo que hace una población total de aproximadamente mil 421 personas afectadas.

Las autoridades tradicionales de las comunidades tarahumaras de Bacajípare, Huetosachi y Mogotavo, del municipio de Urique, Repechike y Bocoyna, denunciaron que han sido presionadas “para dejar nuestras tierras porque hay gente de afuera que quiere quedarse con ellas… Estas tierras las hemos ocupado de siempre, primero por nuestros abuelos y nuestros padres, ahora por nosotros y nuestros hijos, y por esta causa hemos sufrido amenazas a nuestra vida, agresiones verbales y escritas e intentos de desalojo”. Los afectados han presentado denuncias ante los tribunales agrarios, civiles y penales sin obtener, por supuesto, ninguna respuesta.

Este 12 de agosto, dos días después de su denuncia por despojo ante la ONU, obtuvieron una respuesta de Héctor Valles, secretario de Desarrollo Comercial y Turismo del gobierno de Chihuahua, quien sin pudor alguno declaró que le resulta sospechoso que surjan personas inconformes con el proyecto turístico. Las declaraciones del funcionario difundidas en El Diario de Chihuahua no tienen desperdicio. Para él la Barranca del Cobre y sus alrededores, donde han vivido ancestralmente las comunidades tarahumaras, son una joya olvidada que tiene mucho potencial turístico.

Valles dice desconocer a las autoridades de los pueblos rarámuris. Para él, el modelo a seguir es el de las comunidades indígenas en Nuevo México, EU, donde les va muy bien con los proyectos turísticos. En cambio, dice, aquí todo se cuestiona y no se quiere que se haga nada, todo se ve con desconfianza y abuso, se bloquean los proyectos y se prefiere que las comunidades sigan en la pobreza extrema.

Lo que es claro es que, como lo denuncian las autoridades tradicionales, gobierno y empresarios han violado sus derechos a la tierra, a los recursos naturales, al reconocimiento jurídico de las autoridades tradicionales, a la información, a ser consultados antes de que se decidan los proyectos de desarrollo, a ser escuchados, el derecho a decidir cómo queremos vivir, y el derecho a una justicia pronta y expedita en las demandas presentadas ante los tribunales agrarios, civiles y penales. Nada más y nada menos.

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