La recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por el asesinato de dos estudiantes del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), en la capital de Nuevo León, demuestra que la alteración del lugar de los hechos y la negativa a que se revisen las indagatorias judiciales se han convertido en prácticas recurrentes del Ejército y las autoridades mexicanas para justificar los abusos a garantías fundamentales en que incurren soldados, señalaron defensores de derechos humanos.

Coincidieron que el exhorto –dirigido a la Secretaría de la Defensa Nacional, a la Procuraduría General de la República y al gobierno de Nuevo León– es muy similar a la recomendación de junio pasado por el ataque armado perpetrado en Tamaulipas por militares contra una camioneta en la que viajaba una familia, hechos en los que murieron dos menores, pues entonces también se alteró la escena del crimen y se impidió que el organismo nacional revisara la averiguación previa.

El director del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, Miguel Concha Malo, aseguró que las investigaciones de la CNDH establecen indicios para considerar que los responsables de las muertes de Javier Francisco Arredondo Verdugo y Jorge Antonio Mercado Alonso –estudiantes de excelencia del Tec de Monterrey– fueron los soldados.

Aunque no hubo un pronunciamiento sobre la posible responsabilidad (de los asesinatos), son graves y preocupantes varios de los señalamientos, como la obstaculización de la labor de la comisión, lo que refleja falta de colaboración de las autoridades; la alteración de la escena del crimen, que demuestra el encubrimiento; el uso excesivo de la fuerza y que se pida la reparación del daño, dijo.

Indicó que estos indicios son razones más que suficientes para que las investigaciones del caso sean conducidas por las procuradurías civiles y no por la justicia militar.

Encubrimientos

Edgar Cortez, del Instituto de Derechos Humanos y Democracia, dijo que lo denunciado por la CNDH revela un intento por justificar los abusos de las fuerzas armadas en la estrategia del gobierno de Felipe Calderón contra la delincuencia organizada.

Deja en claro que al no haber mecanismos de control, el Ejército puede ejecutar y después intentar encubrirse alterando el lugar de los hechos y destruyendo evidencias.

Humberto Guerrero, director de Defensa de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, subrayó que la Sedena usa el ocultamiento de la averiguación previa en su favor a fin de desvirtuar los hechos y refleja la intención clara de las fuerzas armadas de mantener la impunidad en los abusos militares.