Irapuato, Gto., 15 de agosto. La Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado (PDHE) de Guanajuato emitió cinco recomendaciones al alcalde panista de Irapuato, Jorge Estrada Palero, entre ellas una disculpa pública y que indemnice a la familia de Daniel Murillo Carrillo, asesinado a golpes por dos policías municipales.

El ombudsman Gustavo Rodríguez Junquera también pidió sancionar a los policías Raúl Xala Reyes y José Antonio Estrada López, que están prófugos, así como al juez calificador Abel Canto Crivelli y al médico Miguel Villalpando Guerrero, a quien se acusa de haber propiciado el deceso de Murillo Carrillo por negligencia.

Rodríguez Junquera solicitó al presidente municipal que ofrezca de manera oficial e institucional una amplia y sincera disculpa pública a los deudos de Daniel Murillo Carrillo, en un mensaje que contenga un reconocimiento expreso de responsabilidad ética y desagravio, así como garantías efectivas a la sociedad irapuatense de que no se repetirán conductas similares.

En cuanto a la reparación del daño causado a la familia de Murillo Carrillo, detalla que se le debe proporcionar sustento, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 362 del Código Civil de Guanajuato y otros ordenamientos relativos y aplicables.

El artículo citado indica: Los alimentos comprenden comida, vestido, habitación y asistencia en caso de enfermedad. Respecto de los menores, los alimentos comprenden, además, los gastos necesarios para la educación básica obligatoria del alimentista y para proporcionarle algún oficio, arte o profesión honestos y adecuados a su sexo y circunstancias personales.

Homicidios impunes

El 22 de mayo anterior, los policías Xala Reyes y Estrada López detuvieron en la calle a Daniel Murillo, quien había ingerido bebidas alcohólicas. En el trayecto a los separos municipales, los uniformados le dieron una golpiza a la víctima, quien murió en las instalaciones de la dirección de policía de Irapuato.

Los asesinos de Daniel Murillo están prófugos, al igual que los policías ministeriales que el 20 de enero de 2009 torturaron hasta la muerte al campesino Vicente Palomo en las oficinas de la Procuraduría General de Justicia del estado en el municipio de San Felipe.

De abril de 2009 a julio de 2010 han muerto ocho ciudadanos que estaban en manos de autoridades estatales o municipales de Guanajuato, cuando estaban recluidos en penales o cárceles municipales, de acuerdo con información de la PDHE.