La Cámara de Diputados gastará en los tres años de la actual legislatura 206 millones de pesos para mantener la estructura burocrática de las comisiones especiales, que suman ya 39, número no visto antes y que está por igualar al de las 44 ordinarias que sí tienen atribuciones para dictaminar iniciativas.

La Ley Orgánica y el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso definen que las cámaras de Diputados y de Senadores podrán contar con comisiones especiales para atender asuntos específicos y urgentes, pero no les concede ninguna facultad y su única obligación es de presentar un informe al ser declaradas extintas.

Desde 1997, año en que el PRI perdió la mayoría absoluta en la integración de la 57 Legislatura, la Cámara de Diputados ha constituido 82 comisiones especiales –de las cuales 60 se integraron en la anterior legislatura y la actual– y nueve comisiones de investigación.

Y aunque han dado seguimiento a casos delicados, como la corrupción en Conasupo en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari; el rescate bancario y los feminicidios en Ciudad Juárez, en el gobierno de Ernesto Zedillo; la muerte de mineros en Pasta de Conchos, las asignaciones irregulares de cartera vencida a los hijos de Marta Sahagún y el probable enriquecimiento ilícito de Vicente Fox en el mandato de éste, sus informes no tuvieron ningún efecto práctico.

Las conclusiones, con pruebas de presuntos ilícitos, fueron entregadas a las respectivas presidencias de las mesas directivas de la cámara que, a su vez, de acuerdo con la ley orgánica, las turnaron a la Presidencia de la República para que desde Los Pinos se iniciara un proceso para sancionar los excesos. Todas están en el archivo.

Por ejemplo, en la 57 Legislatura la comisión que investigó los desfalcos en Conasupo concluyó que el presidente Salinas conoció de las ilegalidades que se tradujeron en un daño patrimonial de un billón 631 mil 252 millones de viejos pesos, esto es, mil 631 millones de pesos a valor de 1999.

Al presentar sus conclusiones, el presidente de la comisión, el perredista Miguel Alonso Raya, advirtió que si Zedillo no actuaba contra su antecesor se convertiría en cómplice. Once años después, en entrevista, Alonso Raya sostuvo que Zedillo congeló el expediente.

–¿Se convirtió entonces en cómplice?

–Sí.

La Comisión de Reglamento y Prácticas Parlamentarias inició este año un proyecto de reforma a la Ley Orgánica del Congreso para reglamentar las comisiones especiales y las investigadoras, y superar la inutilidad que las caracteriza. El documento se quedó atorado entre los temas no discutidos en el anterior periodo de sesiones ordinarias.

Por lo pronto, cada una de las comisiones y sus presidentes reciben prerrogativas extraordinarias aprobadas por el comité de administración, instancia que a solicitud expresa de la Junta de Coordinación Política autorizó un presupuesto anual para cada una de un millón 763 mil 80 pesos.

Esos recursos les permitirán contar con un fondo fijo anual de 112 mil 320 pesos, un presupuesto de 209 mil 280, y vales de comida por 62 mil 400 pesos, que manejan los presidentes de las comisiones; el pago de 533 mil 383.20 pesos a un secretario técnico, y la contratación de dos asesores con salarios de 388 mil 648.8 anuales cada uno.

Asimismo, un teléfono celular para el presidente de la comisión por 3 mil 200 pesos mensuales y el equivalente a 30 mil pesos al año de papelería.

A partir de la 60 Legislatura se registró un boom en la integración de comisiones especiales. Los grupos parlamentarios decidieron constituir 21, y tres de investigación: para aclarar el desvío de recursos cobrados por los derechos de trámite aduanero a un fideicomiso constituido por el entonces secretario de Hacienda, Francisco Gil; la que siguió la represión al magisterio en junio de 2007 en Oaxaca, y la que indagó el daño ecológico generado por la extracción de hidrocarburos por Petróleos Mexicanos.

En contraste, entre 1997 y 2000 la 57 Legislatura sólo constituyó seis comisiones especiales, entre éstas la del caso Conasupo y la de la represión al movimiento estudiantil de 1968.

Aunque dicha comisión pudo revisar 20 mil documentos del gobierno federal en el Archivo General de la Nación, la Secretaría de la Defensa Nacional se negó a abrir sus archivos a los diputados. En su reporte, entregado en la sesión del 2 de octubre de 1997, la comisión especial explicó: La respuesta del Ejecutivo fue que la Comisión del 68 no era regular del Congreso de la Unión. Los documentos fueron incluidos en una página en Internet que se cerró el 13 de octubre de 1998.

La 58 Legislatura sólo integró dos comisiones especiales: una para investigar los feminicidios en Ciudad Juárez, Chihuahua, y otra del Sur Sureste, y una de investigación para determinar la viabilidad de la planta nuclear de Laguna Verde.

Durante la 59 Legislatura se integraron 14 –entre ellas la que impulsó el PAN para dar seguimiento a las investigaciones del asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo–, y cuatro de investigación, la más importante la que encontró la forma en que los hermanos Manuel y Jorge Alberto Bribiesca Sahagún se beneficiaron de la compra de cartera vencida barata.

Los diputados de la comisión no sólo presentaron su informe, sino también interpusieron una denuncia ante la Procuraduría General de la República, que fue congelada en el actual sexenio.

A partir de la 60 Legislatura, la Cámara de Diputados ajustó sus prácticas y las comisiones especiales se mantuvieron por tres años sin que se modificara la ley orgánica. Autorizó dinero y burocracia para 21 comisiones especiales.

Al inicio de la actual legislatura, la Junta de Coordinación Política decidió integrar 29, pero en febrero pasado abrió 10 más, entre éstas la de Festejos del Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución, que pidió 50 millones de pesos más.