Setenta por ciento de los 90 kilómetros de litoral del municipio de La Huerta, Jalisco, donde pescadores de la playa Tenacatita fueron desalojados por policías antimotines estatales el 4 de agosto –acción por la cual unas mil 300 personas se manifestaron este lunes en Guadalajara–, son playas privadas, aseguró Aureliano Sánchez Ruiz, presidente del Consejo Consultivo de Pesca y Acuacultura de la Costa Sur de Jalisco.

Mientras, el diputado estatal panista Ramón Demetrio Guerrero Martínez; el alcalde de La Huerta, Carlos Román Ramírez Núñez, y el delegado municipal en Tenacatita, Cuauhtémoc Torres Godínez, presentaron cinco denuncias ante la Procuraduría General de Justicia de Jalisco contra el gobierno estatal y la inmobiliaria Rodenas, debido a la obstrucción del acceso a una zona costera federal.

Solamente nos quedan, al sur, La Manzanilla, y al norte, Perula, que son ejidos, dijo Sánchez Ruiz, y destacó que los accesos están cerrados en la franja citada. Indicó que a lo largo de la costa jalisciense, las cooperativas pesqueras estamos haciendo fuerza, pero también estamos siendo desplazadas. En Tenacatita acaban de echar fuera a la cooperativa de pescadores, y tenemos amenazas en Chamela, Careyes y Boca de Cuixmala.

Entrevistado en Puerto Vallarta, Jalisco, recordó que una cooperativa de pescadores operaba en el área evacuada y ahora los policías antimotines no los dejan ni ver sus lanchas y tampoco dejan entrar al diputado local Ramón Guerrero, y al presidente municipal de La Huerta.

Aureliano Sánchez no descartó que se recrudezcan los desalojos en la costa de Jalisco, ahora que gobierno estatal y empresarios “quieren hacer un Cancuncito” en el municipio de Tomatlán.

Repudió la violencia de la policía estatal contra pescadores que tienen ahí 40 años.

Mientras, casi mil 300 personas marcharon al palacio de gobierno del estado, en Guadalajara, para repudiar el desalojo en Tenacatita y dijeron estar dispuestos a cotejar documentos con los empresarios para evitar que cientos de campesinos, ejidatarios, palaperos y habitantes de la costa sur de Jalisco se queden sin tierras y sustento.

Luego de un mitin, una comisión de siete personas entró al palacio de gobierno para negociar con funcionarios de la oficina de Asuntos del Interior. Salieron cuatro horas después sin lograr que el gobierno aceptara mediar en el conflicto.