a semana pasada se realizó en el Distrito Federal un taller para valorar la viabilidad de que el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) abra un capítulo en México. El tema en sí es significativo, pues contó con la participación de un representante del tribunal, con sede en Roma, quien escuchó con interés los ejemplos que se mostraron para dar cuenta de la situación del país en materia de violación de derechos políticos, económicos, sociales y culturales.

La reunión partió de exposiciones respecto a la crisis nacional, la situación de derechos humanos y la crisis jurídica. Se expusieron los casos de la supuesta guerra contra el crimen organizado con sus caudas de militarización e impunidad, los golpes al sindicalismo democrático, en especial el más reciente al Sindicato Mexicano de Electricistas, el caso Atenco, emblemático en más de un sentido, y en especial por el triunfo frente al intento foxista de construir sobre el pueblo mexiquense un aeropuerto y la contrapartida de la criminalización a sus líderes en 2006, quienes han sido liberados recientemente. De especial relevancia fue la presentación acerca de los fraudes electorales de 1988 y 2006 que reflejan la vulnerabilidad extrema de la llamada transición democrática. Sin pretender exhaustividad de la problemática nacional se anotó asimismo el fenómeno de la migración y los derechos humanos, el vínculo del maíz transgénico como punta de lanza para profundizar la afectación a uno de los símbolos del México profundo en beneficio de compañías trasnacionales como Monsanto, entre otras. También se abordaron casos recientes como el de San Juan Copala, Oaxaca, y los relativos a afectaciones ambientales, como el de El Salto, Jalisco.

Si una agenda selectiva así fue impactante, más lo fue para todas y todos encontrarse con los más diversos liderazgos en una reunión cuyo objetivo común es luchar por México, contribuir a que se produzca un cambio realmente democrático, que el derecho retome un sentido de congruencia, pues, como se anotó en varias ponencias, tenemos evidentes signos de la construcción del enemigo interno para calificar a la oposición, así como de la simulación jurídica que se constituye en el mecanismo para ejercer la consuetudinaria desviación de poder que padece nuestro país, donde las instituciones del Estado se utilizan para favorecer intereses de las élites políticas y económicas.

Fue inevitable la evocación de la mesa de San Andrés en Chiapas cuando amplios sectores vivimos la esperanza de que se daría un impulso serio a la democracia y se reformaría el Estado para construir una nueva relación del Estado con los pueblos indígenas. Esa fue la puerta que abrió para todas y todos el EZLN y la que los tres poderes del Estado cerraron y en lógica gatopardista acordaron hacer como que cumplían los acuerdos de San Andrés mediante la contrarreforma de 2001.

Pero no se trató sólo de una evocación; lo que en esa reunión se percibió es la voluntad conjunta por retomar el rumbo, construir consensos y recolocar la búsqueda de un auténtico estado de derecho. En ese sentido se coincidió con la expresión de uno de los participantes, quien afirmó que se trataba de una reunión histórica. Fue recurrente la evidencia de que la imagen de México en espacios internacionales aún se viste con los saldos del priísmo que cultivaron con esmero aquello de candil de la calle y oscuridad de su casa, lo que lleva a sectores incluso progresistas a suponer que en México el estado de derecho aún camina y los tropiezos son meras excepciones. Ello sumado al monopolio de los medios masivos que en lugar de difundir la noticia la construyen.

El esfuerzo concentrado en esa reunión, en su fase de preparación, se vio coronado con la expresión del representante del TPP, quien observó con gran sensibilidad cómo el panorama ahí planteado coincide con los ideales de un tribunal cuya vocación son los derechos de los pueblos desde sus orígenes con la Declaración de Argel, y anotó que México aparece como modelo de un Estado que se pone en contra de su pueblo, que decide su desarrollo sin tomar en cuenta que se trata de un derecho del pueblo, no del Estado. Recordó que el TPP se ha centrado recientemente en violaciones de crímenes económicos, pues se considera que espacios como la Corte Penal Internacional los han evitado al sostener que los estados tienen autonomía interna para abordar la economía obviando el enlace trasnacional de las políticas neoliberales. Por otra parte enfatizó que la lógica del TPP no es tanto juzgar para condenar en el sentido punitivo, se trata de una condena moral, de un referente ético y, citando a Julio Cortázar, señaló que se trata de establecer una tribuna clara para que las razones de los pueblos sean visibles. En ese sentido señaló que el tribunal es un espacio de servicio. Quienes promovemos el TPP en México somos conscientes de que bien vale la pena organizar un tequio por la nación.