a advertencia formulada el jueves por el titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón Hinojosa, en el sentido de que se debe reasignar a las tareas de combate a la delincuencia el gasto de programas gubernamentales que no han dado los resultados esperados, ha sido objeto de críticas y rechazo porque se presenta como un intento injustificable de presionar a los legisladores y una demostración de la comprensión incompleta y sesgada de los fenómenos delictivos.

Desde que la actual administración emprendió, hace más de 40 meses, espectaculares operativos y desplazamientos de soldados y policías por todo el territorio nacional, con el propósito de restablecer el estado de derecho en las regiones controladas por la criminalidad, diversas voces de la sociedad organizada, la clase política y la academia señalaron que, si bien el propósito declarado resultaba incuestionable, los métodos eran, cuando menos, equívocos.

En esa lógica se dijo que, más que combatir a la delincuencia mediante la vía policiaco-militar, lo pertinente y necesario sería erradicar las determinantes sociales y económicas en las que se gesta ese fenómeno: miseria, desigualdad, falta de educación, ínfimos niveles de vida de grandes sectores de la población, insalubridad y ruptura del tejido social provocada por las privatizaciones, las aperturas salvajes de los mercados nacionales y la liquidación de las políticas sociales.

Ciertamente, en el contexto de la administración pública federal habrían debido producirse, desde hace mucho, recortes drásticos a los exasperantes gastos gubernamentales y a las sobradas remuneraciones y prestaciones de que gozan los altos cuadros de la burocracia. En la circunstancia actual sería insensato, sin embargo, sostener que los recursos resultantes deben ser utilizados en el combate al crimen: como se dijo ayer en este mismo espacio, las propias dependencias encargadas de esas tareas han incurrido en subejercicios y dispendios injustificables de los presupuestos que les son asignados, y darles más recursos implicaría, además, alimentar la violencia cruenta y confusa que recorre el territorio nacional. Al contrario, ese dinero debiera destinarse a fortalecer el combate a la pobreza y a mejorar la salud y la educación de la población, acciones que tendrían que ser vistas como la mejor vía para lograr una victoria contundente y a largo plazo sobre la delincuencia.

Pero aun concediendo que se necesitan más recursos para profundizar su estrategia antinarco –lo cual es de suyo criticable a la luz de los resultados de la política de seguridad vigente– es claro que el calderonismo podría obtenerlos, sin necesidad de incrementar la carga fiscal a los sectores mayoritarios, si se decidiera a cobrar los impuestos a las grandes corporaciones y a las fortunas personales, beneficiadas por tratamientos fiscales de excepción; si atendiera a la añeja demanda de gravar las operaciones bursátiles y las actividades especulativas, y si cesara la práctica –recurrente en las recientes administraciones– de rematar porciones enteras de la propiedad pública. Respecto de esto último, resulta ilustrativo el caso de la compra de 30 megahercios de espectro radioeléctrico por parte de Televisa y Nextel: de acuerdo con el diputado panista Javier Corral, la operación representa un desfalco al erario de 6 mil 690 millones de pesos, que equivale a más de la mitad del presupuesto asignado a la Procuraduría General de la República para este año.

Más allá de medidas cuya necesidad es obvia, y que sin embargo no se aplican, el fenómeno delictivo no podrá ser erradicado sin estrategias puntuales de combate a la marginación y a la pobreza; de desarrollo, de pleno empleo y de redignificación de la educación y de la salud. Por desgracia, a juzgar por los señalamientos referidos, no parece haber altura de miras ni voluntad en el grupo gobernante para avanzar en ese sentido.