La restricción en la venta de comida chatarra en las escuelas será obligatoria el próximo año, y no a partir de pasado mañana, cuando comienza el ciclo escolar 2010-2011, porque así lo solicitó la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) a las autoridades educativas con el fin de dar tiempo a las 144 mil cooperativas escolares y sus proveedores de efectuar los cambios necesarios, reveló Alfonso Carballo Pérez, titular del organismo.

Aun así, la semana concluyó sin que las autoridades educativas publicaran la nueva normatividad en el Diario Oficial para su entrada en vigor, a pesar de que Cofemer entregó el dictamen final desde el miércoles anterior.

En entrevista con La Jornada, Carballo Pérez explicó que la Secretaría de Educación Pública (SEP) hizo ajustes a los Lineamientos para la venta de alimentos y bebidas en los planteles de educación básica que presentó originalmente porque Cofemer le demandó replantear un espacio de gradualidad para su aplicación, y le recomendó reclasificar jugos, yogures, néctares y bebidas de soya como alimentos líquidos.

Los lineamientos, agregó, representan una política pública que para ser instrumentada necesita un proceso de difusión y de capacitación con el fin de que no sea letra muerta, pero también requieren tiempo para que los actuales proveedores de las 144 mil cooperativas escolares modifiquen las fórmulas y recetas de sus productos.

La nueva normatividad no prevé sanciones, pero en caso de incumplimiento las escuelas podrán rescindir las concesiones de venta a las cooperativas o los contratos de compra de sus proveedores, indicó el titular de Cofemer junto con los responsables del dictamen, Julio César Rocha López, coordinador general, y Eduardo Romero Fong, director de dictaminación.

Carballo y sus colaboradores aseveraron que Cofemer insistió en que la SEP establezca mecanismos permanentes de supervisión y evaluación sobre los lineamientos, incluso a partir de los propios comités escolares, además de crear acciones complementarias para abatir la obesidad infantil.

El titular de Cofemer rechazó que ésta haya privilegiado las críticas del sector privado –por los costos económicos que les generaría la restricción–, por encima de los comentarios de padres y madres de familia, organizaciones civiles, instituciones e investigadores en salud y nutrición que se pronunciaron por prohibir la venta de comida chatarra en los planteles.

Destacó que la consulta pública sobre el proyecto de la SEP fue la segunda más opinada que realiza Cofemer en su historia, al recibir 884 comentarios, sólo superados por los 7 mil que concitó la del Régimen Especial de Protección al Maíz.

Todas las opiniones, añadió, fueron tomadas en cuenta y tuvieron el mismo peso, pero nuestro dictamen final va de acuerdo con nuestro mandato de ley. Todos pueden opinar, pero finalmente hacemos un balance para que la regulación genere mayores beneficios sociales que costos. Por eso se pidió una gradualidad, aunque se establezca que el problema de obesidad debe ser atendido de manera inmediata.

Con las modificaciones al proyecto original las autoridades educativas anunciaron que la primera etapa de su aplicación entraría en vigor este 23 de agosto, pero sólo en escuelas que lo acepten de manera voluntaria.