La Secretaría de Gobernación exigió reconocimiento y respeto a las instituciones y leyes del país. Al referirse al diferendo del jefe de Gobierno del Distrito Federal (GDF), Marcelo Ebrard Casaubon, y el PRD con el cardenal Juan Sandoval Iñiguez, la dependencia afirmó que determinará conforme a derecho las posibles infracciones a la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público y al artículo 130 constitucional.

Dijo que el carácter laico del Estado mexicano y el principio de la separación con las iglesias garantizan la libertad de expresión de todas las ideas.

En un comunicado emitido por la noche, la dependencia manifestó lo anterior, dos días después de haber recibido las denuncias del presidente del PRD, Jesús Ortega, y del secretario de Gobierno del DF, José Ángel Ávila, por las declaraciones de varios ministros de asociaciones religiosas.

La dependencia informó que llevará el procedimiento administrativo de acuerdo con los términos y plazos legales para analizar los hechos que motivaron las denuncias.

El subsecretario de Gobierno, Roberto Gil Zuarth, expresó que la dependencia federal garantiza que resolverá con serenidad, imparcialidad y objetividad.

La ley de asociaciones religiosas establece en el título quinto las causas de infracciones y sanciones, entre las que se encuentran: ejercer violencia física o presión moral, mediante agresiones o amenazas, para el logro o realización de sus objetivos; desviar de tal manera los fines de las asociaciones que éstas pierdan o menoscaben gravemente su naturaleza religiosa, y convertir un acto religioso en reunión de carácter político.

También es motivo de sanción oponerse a las leyes del país o sus instituciones en reuniones públicas.

Las sanciones posibles son: el apercibimiento, multa de hasta 20 mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; clausura temporal o definitiva de un local destinado al culto público; suspensión temporal o regional de derechos de la asociación religiosa en cuestión e incluso la cancelación del registro de la asociación religiosa.

El análisis del procedimiento está a cargo de la dirección general de Asociaciones Religiosas de la Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos de Gobernación, la cual hasta la noche de ayer estaba acéfala, luego de la salida de su titular Alejandro Poiré, quien desde el jueves es vocero para asuntos de seguridad e integrante del gabinete y del Consejo de Seguridad Nacional.

El domingo pasado, el cardenal Sandoval Iñiguez acusó al jefe de gobierno capitalino de maicear a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para avalar la ley que permite la adopción a los matrimonios entre personas del mismo sexo.

Por su parte, el miércoles, Ebrard presentó una denuncia por daño moral ante el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, bajo el sustento que levantar un falso a un funcionario público puede tipificarse como daño moral, toda vez que el delito de difamación fue derogado del Código Penal.