Buenos Aires, 20 de agosto. En una resolución especial sobre México, el Foro de Sao Paulo analizó la situación en ese país denunciada por las delegaciones mexicanas, destacando que no se perciben signos de recuperación ante la crisis económica mundial, como sucede en otras naciones de la región, sino que se profundizan el desempleo y el recorte del gasto social, sin desarrollo económico y con graves consecuencias de empobrecimiento y marginación de la población.

El documento se refiere a la política oficial aplicada en México, la cual elimina las conquistas de los trabajadores. Cita como ejemplos relevantes, pero no únicos, el caso de la extinción de Luz y Fuerza del Centro, lo que golpeó al Sindicato Mexicano de Electricistas y quitó el empleo y sustento a más de 44 mil familias. También expone otros asuntos, como la quiebra de Mexicana de Aviación, que también dejará en la calle a gran cantidad de trabajadores.

De la misma manera, hace referencia a la grave situación de los sectores minero y agrícola.

Por otra parte, la resolución señala que México atraviesa la más grave crisis de seguridad del Estado en su historia contemporánea, como resultado del combate a las bandas de la delincuencia organizada y del narcotráfico, con la militarización de la seguridad pública.

Esta estrategia –dice la resolución–, que se ha consensuado social y políticamente como fallida y fracasada, generó una crisis humanitaria con más de 28 mil muertos a consecuencia de la violencia, con sus graves efectos sociales.

En este caso se destaca la tragedia de los jóvenes convertidos en blanco, porque no sólo son asesinados en fuegos cruzados, sino en atentados contra los centros de rehabilitación en los que se encuentran, criminalizándolos como delincuentes.

Ante este y otros escenarios, el 16 Foro de Sao Paulo manifiesta el rechazo a la violencia criminal e institucional que vive México debido a la militarización de la seguridad pública.

Asimismo, exige respeto irrestricto a los derechos humanos y reconoce la existencia, a menos de cuatro años del usurpador gobierno del Felipe Calderón, de una crisis humanitaria derivada de la violencia criminal, lo que debe llevar al Estado a asumir una responsabilidad ante las familias de las víctimas, indemnizándolas y procurando su reinserción en la vida comunitaria.

Por último, expresa solidaridad con los trabajadores mineros, electricistas, de Mexicana de Aviación y otros amenazados por la continuidad de esta crisis económica y la falta de soluciones y justicia.