León, Gto., 20 de agosto. A propuesta de la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guanajuato (PDHG), el gobernador del estado, el panista Juan Manuel Oliva Ramírez, entregó al Congreso local una iniciativa para atenuar la pena por el delito de homicidio en razón de parentesco, para que las seis mujeres encarceladas por abortar, que purgan sentencias de más de 25 años de cárcel, puedan obtener su libertad.

El ombudsman Gustavo Rodríguez Junquera recomendó a Oliva Ramírez y al Legislativo estatal atenuar dicha sanción, que actualmente contempla penas de 25 a 35 años de cárcel, pues de aprobarse la propuesta es factible que las mujeres encarceladas por ese ilícito puedan obtener su libertad al acogerse a la reforma con base en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Casi al tiempo en que la PDHG fijaba su postura, el mandatario anunciaba que aceptaba las recomendaciones del ombudsman, quien en breve presentará la iniciativa de Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Rodríguez Junquera sostuvo que con una reforma al Código Penal, en lo sucesivo casos como los de María Araceli Camargo Juárez, Ofelia Segura Frías, Yolanda Martínez Montoya, Liliana Morales Moreno, Ana Rosa Padrón Alarcón y Susana Dueñas Rocha, encarceladas por abortar, serían juzgados con mayor proporcionalidad cuando se encuentren en el supuesto.

El gobernador ha insistido en que las mujeres presas en los municipios de Guanajuato y Valle de Santiago no abortaron, sino asesinaron cuando estaban en avanzado estado de embarazo, argumento que fue respaldado por Rodríguez Junquera.

Todas las garantías de las acusadas por homicidio en razón de parentesco fueron salvaguardadas y no se advirtieron elementos de criminalización, aseveró el ombusdman guanajuatense.

A pesar de que las mujeres denunciaron que no tuvieron buena defensa de los abogados de oficio –dependientes de la Secretaría de Gobierno– y que el Ministerio Público alteró sus declaraciones para incriminarlas, al dejar asentado en actas que escucharon que los productos lloraron, para el ombusdman las reclusas tuvieron la oportunidad de ofrecer pruebas y alegar lo que a sus intereses conviniera. Habiéndose agotado el proceso con la emisión de la sentencia correspondiente, la cual en todos los casos fue impugnada y resuelta en una segunda instancia, refirió.

Al respecto, Oliva Ramírez, en conferencia de prensa, resaltó que “la PDHG puntualiza: al término de un estudio detallado de los expedientes de las siete internas, la oficina del ombudsman determinó que no existen mujeres procesadas ni sentenciadas por el delito de aborto en los Ceresos”.

Con la modificación los casos como los que hasta hoy se han señalado puedan ser atendidos con una adecuación a la pena, acorde con las particularidades del tipo penal, y además que se facilite la liberación de las mujeres que ya han conmpurgado parte de su pena, asentó.