El Gobierno del Distrito Federal debe pagar a la empresa Promotora Internacional Santa Fe SA de CV el importe que corresponda al valor comercial del predio conocido como El Encino –el cual fue expropiado en 2000, casi al final de la gestión de Rosario Robles–, señala el proyecto de dictamen elaborado por el ministro Luis María Aguilar, cuyo análisis comenzó ayer el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Al presentar ayer el documento ante sus compañeros, Aguilar rechazó la decisión del juez noveno de distrito en materia administrativa, quien ordenó al gobierno capitalino devolver los 5 millones 817 mil 150 metros cuadrados que fueron expropiados para realizar diversas obras viales y de infraestructura hidráulica, sanitaria y eléctrica.

La decisión judicial no tomó en cuenta los 470 mil 343 metros cuadrados que fueron afectados para la construcción de un camino aledaño al hospital ABC. Este asunto tomó notoriedad en 2004, cuando Andrés Manuel López Obrador, entonces jefe de Gobierno del Distrito Federal, fue acusado de violar una suspensión provisional al construir la vialidad cercana al hospital referido; aunque los trabajos se suspendieron, el funcionario fue responsabilizado de no acatar la orden judicial.

En su proyecto, Aguilar señala que existe imposibilidad jurídica para devolver las fracciones expropiadas, aunado a que con tal devolución se causarían graves afectaciones a la sociedad, ya que en el lugar –ubicado en la delegación Cuajimalpa–, se construyeron obras de infraestructura, cruza una red de drenaje pluvial, además de que están en construcción las vialidades Gael Fernández y Vasco de Quiroga.