El pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) ordenó a la Secretaría de Gobernación (SG) difundir, mediante versiones públicas, el contrato suscrito con la empresa holandesa Smartmatic International Holding, BV, para la adquisición de equipo especializado en el registro de información biométrica que contendrá la cédula de identidad ciudadana.

La dependencia también debe elaborar versiones públicas de las propuestas que 51 empresas presentaron durante su participación en el concurso de licitación para la adquisición de 2 mil equipos especializados que el Registro Nacional de Población (Renapo) usará para la cédula.

Los datos que se difundirán deben incluir los anexos del contrato suscrito con la firma holandesa.

De acuerdo con el expediente 3895/10, del comisionado ponente Ángel Trinidad Zaldívar, el IFAI revisará las versiones públicas que elabore la SG, a fin de verificar que sólo se suprima información relativa al secreto industrial.

Con la resolución del IFAI se echa abajo la reserva que por dos años había establecido Gobernación en torno a los documentos en cuestión, por conducto de sus direcciones generales del Renapo y de Recursos Materiales y Servicios Generales.

En alegatos presentados al IFAI, funcionarios de la SG dijeron que no podían entregar los documentos porque existe un procedimiento administrativo por parte de la Secretaría de la Función Pública (SFP), luego que las empresas concursantes Soltic, Mainbit, Cosmocolor e Image Technology presentaron la denuncia correspondiente.

Smartmatic presentó una oferta que ascendió a 299.5 millones de pesos, la cual tiene una diferencia de poco más de 100 millones de pesos respecto de las propuestas de otras firmas.

La trasnacional holandesa también es investigada por la Oficina Federal de Investigación (FBI por sus siglas en inglés) y los departamentos del Tesoro y de Rentas Internas de Estados Unidos, por evasión fiscal de más de 12 millones de dólares y por pagar comisiones ilegales para asegurarse la adjudicación de contratos, entre otras denuncias que pesan sobre la firma.

De acuerdo con la ponencia de Trinidad Zaldívar, aprobada por unanimidad por los comisionados, la difusión de los documentos solicitados por un ciudadano no puede vulnerar la objetividad de la autoridad que sustancia el juicio de amparo interpuesto en contra de la resolución dictada por la SFP, ni tampoco puede limitar la capacidad juzgadora de aquélla.

Sin embargo, advirtió que las propuestas técnicas de los licitantes e incluso el contrato objeto de la solicitud de acceso o sus anexos, podrían contener información relativa al secreto industrial, por lo que estimó necesario analizar si la información en cuestión podría actualizar algún supuesto de clasificación de reserva y elaborar una versión pública.