El secretario del Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano Alarcón, apremió ayer en el Senado a que la reforma laboral se apruebe en este periodo de sesiones que está por iniciar el primero de septiembre, porque se requiere que el país sea atractivo para los inversionistas extranjeros, situación que no ocurre hoy por la rígida ley laboral.

Sin que su nombre figurara en el programa del foro La reforma laboral y los grupos vulnerables –organizado por el panista Guillermo Tamborrel, presidente de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Senadores–, Javier Lozano expuso su propuesta de reforma ante una audiencia la que no hubo legisladores de oposición.

El titular del Trabajo señaló que la situación del país en eficiencia laboral es mala: en un total de 133 naciones ocupa el lugar 116, mientras en materia de competitividad se sitúa en el 60. Esto quiere decir que hay 59 países que son más atractivos para la inversión que nosotros. Los inversionistas están viendo donde es más rentable tener sus inversiones, concluyó.

Entre los elementos de la ineficiencia laboral destacó “la desvinculación entre la educación superior y el mercado laboral, la ley rígida, la pésima relación entre salarios y productividad.

Si logramos una reforma razonablemente, en los términos que propuso Acción Nacional, podríamos mejorar 25 puntos en los índices del mercado laboral, explicó.

Aseveró que los jóvenes son un grupo vulnerable, ya que la tasa de desocupación de personas que tienen entre 14 y 24 años de edad es el doble de la tasa general de desempleo, y son condenados a un círculo vicioso. No se les da empleo porque no tienen experiencia y nadie les brinda oportunidad de empleo porque la ley es rígida.

Igualmente, los mayores de 40 años son vulnerables: los discriminamos porque no tienen el conocimiento de la nueva sociedad de la información ni hablan otros idiomas; se les hace a un lado.

Denunció que hay empresas formales que simulan relaciones de trabajo por servicios profesionales, pero no otorgan prestaciones a sus empleados y esas personas están en precariedad laboral. Apenas 63 por ciento de los trabajadores en el país tienen una ocupación formal. Cincuenta y cinco por ciento de los ocupados están bajo condición de informalidad.

Concluida su argumentación, expuso los beneficios de la reforma que proponen tanto él como el Partido Acción Nacional: planta nuevas modalidades de contratación en adición a las ya existentes: trabajo a prueba, trabajo con capacitación, trabajo por horas para que los jóvenes que estudian y las madres solteras puedan trabajar desde su casa uno, dos días, dos horas o cuatro a la semana.

Resaltó que según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, realizada en 2006, a 1.1 millones de mujeres se les pidió como requisito la prueba de embarazo, y a otras 100 mil las despidieron o no les renovaron su contrato porque estaban embarazadas; una de cada 10 mujeres sufrió represalias al negarse a tener relaciones sexuales y ocho de cada 10 fueron hostigadas sexualmente.

Con la reforma proponemos eliminar ese requisito de prueba de gravidez, sancionar el despido por embarazo con 2 mil 500 salarios mínimos, sanciones de 5 mil días de salario mínimo a empleadores que contraten menores de 14 años, se regula el trabajo doméstico, entre otras, concluyó.