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El miedo gana espacios, provoca éxodos, daña la economía y obliga a modificar hábitos

Erosiona el narco la sociedad de NL
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Policías montan guardia junto al autobús usado por narcotraficantes para bloquear una de las principales avenidas de Monterrey, Nuevo León, el pasado 15 de agosto. Esa noche ocho vías fueron obstruidasFoto Reuters
Corresponsal
Periódico La Jornada
Jueves 26 de agosto de 2010, p. 30

Monterrey, NL, 25 de agosto. Jóvenes pandilleros reclutados por narcotraficantes roban y secuestran autos, camiones y autobuses, para bloquear el tráfico y cometer otros delitos. Otros llegan de colonias marginadas para protestar contra la presencia militar y cada vez más reciben equipos para monitorear a las fuerzas de seguridad.

La impericia de un conductor puede costarle ser asesinado, y la lucha entre bandas rivales o contra las fuerzas federales y estatales se libra cada día en la vía pública, mientras la sociedad cambia sus costumbres para protegerse.

En 12 años (de julio de 1997 al mismo mes de 2009) se han reportado 410 ejecuciones atribuidas al crimen organizado, y de agosto de 2009 a julio pasado sumaron 460, cifra que incluye las 51 víctimas inhumadas en seis fosas clandestinas del municipio de Juárez, cuyos restos no cabían en el anfiteatro del Hospital Universitario.

Desde junio de 2006, en el foro de la revista en línea La Trinchera, un cibernauta escribió: “En el gobierno de Natividad González Parás el narcotráfico penetró las instituciones estatales y Nuevo León fue puesto bajo la lupa de los servicios de inteligencia de Estados Unidos porque altos jefes mafiosos y sus familias llegaron a Monterrey.

Sus esposas entraron a los altos círculos sociales y sus hijos a las mejores escuelas. Hicieron de la metrópoli un santuario de la buena vida, fuera del foco de alerta del gobierno, pero señales bastante claras provenían de Washington, y las coronó la designación de Luis G. Moreno, funcionario especializado en temas de narcotráfico del Departamento de Estado, como cónsul en la capital nuevoleonesa.

La sociedad regiomontana hablaba de narcotráfico: de cuáles cárteles disputaban el área conurbada, los nombres de sus líderes, las zonas donde vivían, los autos que usaban y sus horarios. Hasta se sabía que uno de los hermanos Beltrán Leyva vivió siete años en San Pedro Garza García y que su banda –no la policía– dio seguridad a la región durante años.

El edil de esta última localidad, Mauricio Fernández Garza dijo en su campaña electoral, en 2009, que la sociedad regiomontana era complaciente con el crimen y parecía comer palomitas mientras veía una película de guerra.

Hoy la gente tiene miedo. Cuida sus palabras y es renuente a entablar nuevas relaciones. Sabe que los Zetas son un cártel sanguinario y sin códigos de honor, cuyos gatilleros no respetan niños ni mujeres.

Los Zetas cometieron en octubre de 2008 el ataque con granadas contra el consulado de Estados Unidos en Monterrey. Luego se multiplicaron los hechos de violencia y la legación lanzó una primera alerta a sus ciudadanos en febrero pasado por el intenso robo de autos en la zona metropolitana.

En abril, tras el tiroteo entre militares y sicarios en el cual murieron dos estudiantes del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, el consulado lanzó una nueva advertencia a los estadunidenses, y antes de terminar el mes, los instó por sexta ocasión en el año a estar atentos, registrar su estancia en el Departamento de Estado y monitorear reportes locales, tras el secuestro de seis personas en un céntrico hotel.

El pasado 30 de julio ordenó al personal consular y a sus familias no salir entre la medianoche y las seis de la mañana. Varias universidades estadunidenses cancelaron sus programas de intercambio con instituciones regiomontanas.

Los delincuentes se apoderan de las calles desde las 11 de la noche. La violencia se ha vuelto cotidiana y las familias de clases media y alta cancelan compras en Houston y McAllen, posponen vacaciones de verano en la Isla del Padre, y los escasos turistas evitan detenerse en restaurantes a la orilla de la carretera.

El fin de semana, en plena temporada vacacional, los puentes fronterizos de Nuevo Laredo y Reynosa, Tamaulipas, no tuvieron la afluencia esperada por los comerciantes texanos, dijo Ernesto Hernández Alarcón, administrador de Caminos y Puentes Federales.

Los autos blindados, antes garantía de seguridad, ahora causan temor. Muchos de sus usuarios los abandonaron y buscan modelos cada vez menos vistosos.

La gente también se ha vuelto más selectiva con sus amistades; limita las horas fuera de sus casas y oficinas, admite el secretario de Seguridad Pública de Nuevo León, Luis Carlos Treviño.

Los automovilistas también procuran eludir a soldados, policías federales o estatales. Con todo, los nuevoleoneses también se animan entre sí para seguir viviendo sin que esta crisis los paralice.

El miedo también permea en las zonas de alto riesgo, donde ha aumentado el ausentismo escolar, pese a medidas como la elaboración del Manual y protocolo de seguridad para que maestros y alumnos sepan qué hacer en caso de contingencias meteorológicas... y balaceras.

El documento se presentó en junio pasado y se planea extenderlo a las más de 5 mil escuelas de nivel básico del estado, aunque los Centros de Desarrollo Infantil y escuelas privadas como el Instituto Americano ya realizaban desde antes simulacros de enfrentamientos.

Ante la falta de resultados de estas acciones y las muertes de civiles, muchos niños dejaron de ir a la escuela en zonas como la popular colonia Independencia, una de las más conflictivas de Monterrey, comparada con las favelas de Río de Janeiro.

Personal docente y administrativo de planteles enclavados en ésa y otras colonias de la periferia, como la Pío X, aseguran que casi a diario hay tiroteos, pero la policía no acude, y los niños que van a clases llegan desvelados y aterrorizados.

Muchas familias han optado por marcharse y en algunos planteles las bajas se han triplicado.

El alcalde de Monterrey, Fernando Larrazábal Bretón, reconoció el 2 de agosto que la violencia ha provocado un éxodo de regiomontanos a Estados Unidos y a otras entidades de México, y que el hampa ya ha causado un gran daño a la sociedad y a las actividades económicas y políticas.

José Luis Prado Maillard, director de la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León, consideró que la sociedad vive una sicosis que se refleja en restaurantes, centros de diversión y calles que se quedan vacíos por las noches.