Aun cuando el número de votos nulos en las pasadas elecciones federales alcanzó una cifra sin precedente –5.4 por ciento de la votación total emitida–, el presidente del Instituto Federal Electoral (IFE), Leonardo Valdés, aseguró que estos datos no permiten a nadie decir que el sistema de partidos en México se encuentra en crisis.

Al contrario, dijo, una de las conclusiones del estudio elaborado por el IFE acerca del voto (en) blanco en las pasadas elecciones, es que el país tiene un vigoroso sistema de partidos, el cual los ciudadanos reconocen y depositan su confianza a través del sufragio.

Y quienes así lo desean y deciden anular su voto, pueden también participar en las elecciones; son un segmento pequeño de la población, pero que también tiene derecho a decir su verdad y a expresarla a través del voto, y el IFE tiene el compromiso y la obligación de respetar esa expresión, contabilizarla y dar a conocer a la sociedad el número de votantes que sufragaron en ese sentido, dijo Valdés Zurita.

En sesión extraordinaria, el Consejo General del IFE recibió oficialmente el estudio que tuvo como finalidad examinar la composición de la categoría de votos válidos para candidatos no registrados y la relativa a votos nulos, en cuanto a su intencionalidad por parte de los electores.

El informe, presentado por el consejero electoral Marco Antonio Baños, señala que de 1.8 millones de votos nulos (5.4 por ciento de la votación total registrada para diputados federales en las elecciones de julio pasado), 63.5 por ciento lo hizo de manera intencional, es decir, con el propósito expreso de no sufragar por alguna de las opciones políticas mostradas en la boleta. El resto, poco más de 35 por ciento, fueron errores cometidos por los propios electores al momento de sufragar.

En la sesión, el consejo dictó nuevas sanciones por infracciones a la normatividad electoral, en acatamiento a 12 sentencias emitidas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Entre ellas, se reindividualizaron las sanciones a múltiples concesionarias de Tv Azteca en los estados de Chihuahua, Puebla, Durango, Zacatecas y Yucatán, que no transmitieron promocionales de autoridades electorales y de partidos políticos. Sin embargo, las penas sufrieron una segunda reducción, pues de los casi 220 millones de pesos originales pasaron a 170 y ahora a 129 millones.

En otra sentencia, el Consejo General determinó que el PVEM y el senador Jorge Legorreta, presidente de ese partido en el Distrito Federal, son responsables de difamar y calumniar al PRD y a su dirigente nacional, Jesús Ortega Martínez, por medio de un comunicado emitido el 26 de mayo, donde se le acusa de encubrir actos delictivos del entonces candidato perredista al gobierno de Quintana Roo, Gregorio Sánchez, y de tener vínculos con el crimen organizado.