Buenos Aires, 28 de agosto. Un polémico proyecto de la presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, para declarar de interés público el papel de prensa, agudizó la división entre el gobierno, la oposición y los grandes diarios, que consideran que la iniciativa busca limitar la libertad de prensa.

El gobierno defendió hoy el proyecto presentado en el Congreso, que apunta a un abastecimiento igualitario a todos los medios de papel de periódico, que sólo produce una fábrica en Argentina, controlada por los influyentes diarios Clarín y La Nación, enfrentados con la mandataria.

El jefe del bloque de diputados del gobernante peronismo, Agustín Rossi, dijo que la iniciativa presentada la noche del viernes en el Congreso garantizará la transparencia del mercado y generará condiciones igualitarias para todos los periódicos.

Fernández anunció la iniciativa como parte de un informe basado en una investigación de 26 mil páginas en la que además acusó a los diarios Clarín y La Nación, los de mayor difusión de Argentina, de apropiarse en 1976 de Papel Prensa, la única productora del insumo, en complicidad con la dictadura militar (1976-1983), aunque ambos medios negaron enfáticamente esa versión.

La diputada opositora Silvina Guidici, titular de la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara, sostuvo este sábado que la intención del gobierno es quedarse con la distribución del papel para hacer lo mismo que hacen con la publicidad oficial: asignársela enteramente a sus amigos.

La también legisladora opositora Elisa Carrió estimó que el objetivo oficial es “cambiar los intereses del grupo Clarín por el monopolio de Kirchner”. Añadió que el gobierno va por la detención de los directivos del Grupo Clarín y La Nación y no por la expropiación (de Papel Prensa), porque ésa es una declaración del Congreso y (en ese ámbito) no sale, en alusión a que el gobernante peronismo perdió la mayoría en las dos cámaras legislativas tras los comicios del 28 de junio de 2009.

Otros legisladores de la oposición consideran que el objetivo final del gobierno es expropiar la empresa creada en 1972 y en la que el Estado posee 27.46 por ciento de las acciones, mientras Clarín concentra 49 por ciento y La Nación 22 por ciento.