no más de tantos. En estos días se ha ido haciendo público un caso de corrupción, hasta el momento, impune en México. Hasta donde puedo saber, el caso empezó a hacerse público con un artículo en el periódico Houston Chronicle del 14 de agosto. Y a quienes persiguen e incluso encarcelaron allá, en Estados Unidos, no es al que recibió las mordidas, aunque se le menciona, ni siquiera a las empresas beneficiadas por contratos que las pagaron, sino a intermediarios. Se les acusa de violar el Acta sobre Prácticas de Corrupción en el Extranjero.
El funcionario mexicano al que se refieren es Néstor Moreno, al que ubican como jefe de operaciones de la Comisión Federal de Electricidad y receptor de las cantidades pagadas a cambio de la concesión de numerosos contratos. Además de dinero, recibió un automóvil Ferrari, por el que se pagaron 297 mil dólares, y un yate de lujo que costó 1.8 millones.
El mencionado funcionario seguía en su puesto. Luego de que se publicaron estas cuestiones, salió una versión de que se le dio licencia. En cualquier caso, con un asunto de tal magnitud, con varias empresas beneficiadas y grandes contratos, no necesariamente se trata de un individuo aislado. Bien puede ser algo más amplio.
Como en otros casos, esto significa impunidad. En Pemex no sólo se ha separado de su puesto a funcionarios, sino que se les ha inhabilitado para ocupar cargos públicos por un cierto número de años. Pero les da trabajo la empresa privada a la que habían beneficiado, o una de las que habían recibido favores a costa de los fondos, instalaciones o bienes públicos.
Después de lo mencionado, el SME informó que este mismo funcionario es el que había contratado, sin concurso, a las empresas que están sustituyendo a Luz y Fuerza del Centro en el mantenimiento de la red eléctrica del Distrito Federal y el centro del país.
Hay una relación entre la corrupción y el estímulo a la empresa privada en sectores estratégicos como estos. Por ejemplo, el director de Pemex insiste en que se importe petróleo para que las refinerías produzcan más. Habla de importar crudo superligero para mezclarlo con el crudo pesado que se va a refinar.
Pero el aumento en la producción nacional de crudo superligero es enorme. ¿O no lee el director las cifras de la entidad que dirige? Durante 2009, la producción de este tipo de petróleo aumentó 28 por ciento, para llegar a 270 mil barriles diarios. Y en el primer semestre de este año aumentó otro 23 por ciento, para llegar a 312 mil barriles diarios.
“¡Ah! –dirán–, pero este superligero ya lo estamos usando muy productivamente”. Sin embargo, resulta que en 2009 se exportaron 143 mil barriles diarios, más de la mitad de lo producido, y en el primer semestre de 2010 exportamos 199 mil barriles. Casi las dos terceras partes de la producción.
Los funcionarios de Pemex y conexos hablan de importar 45 mil barriles diarios de crudo superligero y dicen que con eso las refinerías se van a volver eficientes. Pero las exportaciones no sólo fueron altas. Crecieron, del promedio de 2009 al del primer semestre de este año, en 56 mil barriles diarios. ¡Sólo ese excedente exportado en esos seis meses supera los 45 mil diarios que los tecnócratas quieren importar! De modo que la única causa que queda, por la que quieren importar, es para adjudicarla y/o concursarla a una trasnacional, y de ahí… ya sabemos. Más corrupción.
Se debería usar el crudo superligero en las refinerías y en las petroquímicas. Pero exportan la mayor parte, con su mentalidad de mercachifles. Y ahora salen con la genialidad de importar ese crudo superligero que estamos exportando. A lo mejor importan, a mayor precio, el mismo petróleo que habíamos exportado: todo son negocios.
Es indispensable luchar contra la corrupción. Si en Estados Unidos a los corruptos se les puede encarcelar y en China se les puede condenar incluso a la pena de muerte, aquí, simplemente, cuando mucho, cambian de trabajo y se siguen enriqueciendo. La impunidad es lo más generalizado entre los funcionarios.
Sólo el Presidente y algunos de los funcionarios que nombra tienen derecho a iniciar un proceso penal. Y no lo hacen con sus compañeros del gobierno. La Auditoría Superior de la Federación (ASF), que depende de la Cámara de Diputados, no puede iniciar juicios penales. Menos aún lo puede hacer, según las leyes actuales, la ciudadanía. Esas leyes deben ser cambiadas.
Es indispensable que tengamos un régimen que haga factible el verdadero castigo a estas y otras expresiones de la corrupción:
–Los delitos de corrupción y, en general, los que afecten sustancialmente a la propiedad pública y sus bienes, deben considerarse graves y sin derecho a libertad bajo fianza.
–La ASF debe tener derecho a iniciar, ante los jueces, procesos penales por los delitos relacionados con sus funciones.
–Un cierto número de firmas, dependiendo del tipo de corrupción de funcionarios de que se trate, debe ser suficiente para iniciar procesos ante los jueces.
–El fuero de los funcionarios no debe proteger a la corrupción.
