La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) sigue ocultando su actuación ante los ciudadanos y opera fuera de la ley, como lo demuestra que haya aceptado con excepciones la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre el caso de los estudiantes del Tecnológico de Monterrey asesinados en marzo pasado, Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo.

En lo anterior coincidieron activistas por los derechos humanos, quienes advirtieron que la falta de control de las autoridades civiles sobre las fuerzas armadas es un elemento que ha permitido los numerosos abusos reportados en todo el país.

Humberto Guerrero, director de defensa de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, señaló que se confirma un patrón de respuesta del Ejército: negar que manipule la escena de los hechos y alegar que la información es confidencial.

Sin embargo, dijo, el artículo 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública señala que en caso de violaciones graves a los derechos humanos, la reserva de la información es insostenible.

El director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Luis Arriaga, sostuvo: una vez más se demuestra que la injerencia de los militares en tareas de seguridad pública ha conllevado un riesgo significativo para las garantías de los mexicanos.

La no aceptación de su responsabilidad en la alteración de la escena del crimen significa que las fuerzas armadas no se quieren someter a las reglas de la democracia, y más grave aún, no tienen un límite claro de su jurisdicción.

Gloria Ramírez, presidenta de la Academia Mexicana de Derechos Humanos, consideró que aunque la Sedena aceptó la recomendación, sigue sin admitir su responsabilidad en la posible alteración de la escena del enfrentamiento, sin demostrar que la acusación es falsa.