La reforma para combatir el lavado de dinero que el presidente Felipe Calderón hizo llegar al Senado propone sancionar penalmente, hasta con 15 años de prisión, a quienes actúen como testaferros o prestanombres de narcotraficantes y otros miembros de la delincuencia organizada, aún cuando desconozcan el origen ilícito del dinero o bienes o no hayan verificado las características irregulares de las operaciones que les imputen.

Se tipifican como delito grave las omisiones negligentes de profesionistas, empleados y funcionarios públicos que no se cercioraron de la procedencia legítima de operaciones financieras, apoyaran o fomentaran el blanqueo de dinero proveniente de la delincuencia organizada o permitieran a los delincuentes evadir sus responsabilidades penales.

El Ejecutivo da facultades al Ministerio Público para requerir la declaración de una persona cuando se presuma que tiene información del delito que se investiga y de iniciar averiguaciones y dictar medidas cautelares contra particulares y empresas, aún cuando no haya denuncia previa de la Secretaría de Hacienda.

La iniciativa provocó alarma entre los legisladores que la comenzaron a analizar. El senador del PRD Tomás Torres dijo que la mayoría de las propuestas son autoritarias, ya que se parte del principio de que todos son culpables hasta que demuestren su inocencia y se intenta cargar a los ciudadanos la incapacidad y corrupción de las autoridades para atacar las finanzas de las bandas criminales.

Es, recalcó, un sistema penal propio de regímenes dictatoriales, como los de Franco o Pinochet.

En su iniciativa, el Ejecutivo propone además aplicar la figura de decomiso bajo la modalidad de bienes por valor equivalente, por la que el Estado podrá hacer que los particulares o las sociedades mercantiles involucradas en lavado de dinero paguen con su patrimonio recursos asegurados que se hayan perdido, extraviado, consumido, no sea posible localizarlos o constituyan garantías de créditos preferentes”.

De lo contrario, la medida cautelar de aseguramiento quedaría sin materia y los delincuentes podrán conservar ganancias considerables.

La reforma presidencial incorpora las figuras de policías y agentes infiltrados en el sistema financiero y organizaciones criminales, cuentas simuladas, operaciones encubiertas para detectar dinero sucio y se disminuyen hasta 50 por ciento las sanciones para prestanombres que denuncien a los dueños de recursos de procedencia ilícita.

Calderón hizo llegar al presidente de la Comisión Permanente, Carlos Navarrete, el pasado jueves, dos iniciativas cuya cámara de origen fue el Senado: la ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita y de financiamiento al terrorismo, y las reformas a 13 leyes penales y financieras, con el fin de adaptarlas a las disposiciones previstas en el primer ordenamiento.

Entre las leyes secundarias a reformar está el Código Penal Federal, en el que se incluyen modificaciones para establecer los nuevos tipos penales: el de testaferro y el de lavado de dinero equiparado, para castigar a quien permita o preste su nombre o la denominación o razón social de una persona moral para que se le intitulen por cuenta de un tercero bienes o derechos adquiridos con recursos que procedan o representen el producto de la actividad ilícita, aún cuando no haya tenido conocimiento de esta circunstancia.