La fracción del PRD en la Cámara de Diputados impulsará una agenda estratégica de reformas constitucionales y leyes que fomenten el desarrollo de la democracia, el equilibrio de poderes y políticas laboral, educativa, en ciencia, tecnología y cultura, además de cambios sustantivos en los ámbitos fiscal y económico.

Mañana, durante su reunión plenaria, el sol azteca elaborará su agenda legislativa, la cual pretende instaurar un nuevo régimen orientado al desarrollo con justicia social; igualdad de derechos y oportunidades, libre de prácticas discriminatorias; transparencia en el manejo de información y recursos públicos, así como rendición de cuentas de servidores públicos y representantes populares.

En el ámbito de la delimitación de los poderes del Estado, los perredistas propondrán un cambio a la Constitución para explicitar que México es un Estado laico e incluyente. En la actualidad se encuentra seriamente amenazado por una derecha que pretende destruir este principio histórico, trasgrediendo las leyes y embistiendo los derechos de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo y criminalizando su albedrío en más de la mitad de los estados del país.

Nuevo reglamento para la Cámara de Diputados

En lo particular, la agenda perredista incluirá que se expida un nuevo reglamento de gobierno interior de la Cámara de Diputados, con el propósito de facultarla para que participe en la ratificación de tratados internacionales; expedir la ley reglamentaria del artículo sexto constitucional en materia de derecho de réplica, así como modificarlo para establecer la libertad informativa en todas sus formas y manifestaciones, pues es un derecho fundamental inherente a todas las personas.

El Congreso de la Unión –señala– también debería ratificar y revocar los nombramientos de los miembros del gabinete, convertir al presidente de la República en sujeto de juicio político, aplicar sanciones penales a los individuos que siendo convocados a comparecer ante el Legislativo incumplan con esa obligación. Otra reforma constitucional contemplaría los procedimientos de participación y consulta popular en el sistema nacional de planeación democrática, concediendo al Congreso la facultad para que apruebe el Plan Nacional de Desarrollo.

En el terreno electoral, los cambios que impulsarán los perredistas buscan establecer sanciones a los concesionarios y permisionarios de radio y televisión que no transmitan los mensajes comiciales conforme a las pautas aprobadas por el Instituto Federal Electoral, que alteren o distorsionen los mensajes o que denigren a partidos, candidatos o instituciones. Asimismo, contempla que se creen nuevas causales de nulidad por medio de la Ley General de Medios de Impugnación que sancione conductas como la intervención del presidente de la República, el rebase de los topes de campaña y la utilización indebida de recursos públicos o privados en éstas. También prevé la creación del instituto nacional electoral y de participación ciudadana, una procuraduría electoral y una nueva ley de partidos y organizaciones políticas.

Respecto a garantías fundamentales, equidad, justicia y seguridad pública, el PRD pretende la ciudadanización y el fortalecimiento de las facultades de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, impulsar las leyes de protección a activistas en la materia y la de ejecución de sanciones penales, así como una ley federal de amnistía.

En materia fiscal y económica, la propuesta contempla elaborar un censo nacional de contribuyentes, promover una reforma hacendaria y modificar la ley de coordinación fiscal para incrementar los apoyos a los municipios del país, por medio de un fondo especial, con mecanismos de rendición de cuentas; revisar los criterios del fondo de aportaciones para la educación básica, incluyendo el criterio de marginalidad o de desarrollo en las entidades para evitar asimetrías; revisar la estructura del gasto público e impulsar el presupuesto con enfoque de género, entre otros temas.