La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal anunció este lunes una restructuración sin precedente en su cuerpo de agentes de la Policía Federal (PF), que implicó la salida inmediata de 3 mil 200 elementos, los cuales fueron dados de baja por incumplimiento del reglamento interno, mientras otros mil 20 están en proceso de ser despedidos, lo que representa casi 10 por ciento de la plantilla total de policías.

En conferencia de prensa, Facundo Rosas, comisionado de la PF, y Marco Tulio López, director de la unidad de Asuntos Internos de la SSP federal, informaron que este procedimiento de rescisión forma parte de la estrategia de depuración de la corporación para dar cumplimento a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la ley de la PF y su reglamento.

465 denunciados penalmente

De los policías dados de baja, hasta ahora 465 han sido denunciados penalmente ante las autoridades ministeriales por presuntamente haber incurrido en algún delito.

Fuentes de la SSP federal revelaron que entre los 465 efectivos sujetos a procedimiento penal destaca el caso del comandante del tercer agrupamiento de fuerzas federales, Salomón Alarcón, El Chamán, y varios de los policías que protestaron en su contra en Ciudad Juárez, Chihuahua, a principios de agosto.

Durante la conferencia de prensa, en la que los funcionarios sólo respondieron tres preguntas, Facundo Rosas indicó que los mil 20 elementos en proceso de despido fueron sujetos a procedimiento ante el Consejo Federal de Desarrollo Policial, fundamentalmente por reprobar los exámenes de control de confianza.

La normatividad para los elementos de la PF incluye el servicio profesional de carrera, los esquemas de profesionalización, el control de confianza y el régimen disciplinario.

Rosas expuso que esta rescisión de agentes viene acompañada de la prohibición del reingreso de los elementos expulsados a alguna institución de la Policía Federal, estatal o municipal.

Agregó que también forma parte de la estrategia de revisión y depuración de la corporación, en la que el gobierno del presidente Felipe Calderón ha depositado parte de la responsabilidad de la lucha contra la delincuencia organizada. La PF contaba con 34 mil 500 efectivos, por lo que la cifra de policías que ya salieron representa más de 9 por ciento.

El funcionario aseguró que la baja de los elementos se fundamenta en el Reglamento de la Ley de la Policía Federal, que faculta al Consejo Federal de Desarrollo Policial a resolver sobre efectivos que incumplan los requisitos de permanencia.

Estando fuera serán detectados si se llegan a comprometer en alguna conducta ilícita, dijo Facundo Rosas, quien rechazó la posibilidad de que estos agentes se sumen a la delincuencia.

Los policías dados de baja pertenecían a todas las divisiones de la corporación, detalló Rosas.

El gobierno mexicano ha lanzado desde la llegada de Calderón al poder, a finales de 2006, una estrategia de combate contra el crimen organizado, al frente de la cual están el Ejército Mexicano y la Secretaría de Marina, en la que la PF también colabora de manera importante.

Hasta ahora la estrategia no ha logrado revertir la ola de violencia que afecta al país, que ha dejado más de 28 mil muertos desde el 1º de diciembre de 2006.

El pasado 8 de agosto, cuatro comandantes de la PF denunciados por los propios agentes a su cargo en Ciudad Juárez fueron destituidos y remitidos a la Procuraduría General de la República (PGR), informó ese día Marco Tulio López.

La Unidad de Asuntos Internos de la Policía Federal realizó una investigación y determinó separar de sus cargos a cuatro comandantes que fueron denunciados, por lo que fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal por presuntos actos indebidos en el desempeño de sus funciones en Ciudad Juárez, explicó el funcionario.

La PF ha efectuado la detención de por lo menos 28 elementos y la separación del cargo de seis mandos medios por presuntas irregularidades en Ciudad Juárez, desde que relevó, en abril pasado, al Ejército en las calles de la urbe.

A la acusación hecha por los efectivos del tercer agrupamiento de las fuerzas federales contra su comandante, Salomón Alarcón, se suman denuncias de ciudadanos por presuntos abuso de autoridad y extorsiones en la zona fronteriza.

En abril pasado, apenas tres semanas después de iniciado su operativo en la ciudad, la misma Policía Federal había puesto a disposición de la PGR a 15 efectivos por extorsión a comerciantes y evasión de detenidos.

También debió separar de sus puestos e iniciarles una investigación interna a un inspector general y un oficial, después de que la organización criminal de La Línea perpetró un ataque, argumentando que protegían al cártel de Sinaloa.

En julio, 13 policías federales fueron detenidos luego de que militares los denunciaron por robarles sus pertenencias e intentar extorsionarlos durante una revisión en la calle en su día de descanso.