De mantener en México el actual modelo económico procíclico, en el que no se activan los motores internos del crecimiento y se depende de los mercados internacionales, la crisis financiera y sus efectos no sólo serán historia y presente, sino también influirán en el futuro de las familias mexicanas, concluyeron los expertos del grupo Nuevo Curso de Desarrollo durante la presentación del documento Memorándum de política económica y presupuestal para 2011.

El texto advierte que las políticas emprendidas el año pasado por la administración de Felipe Calderón Hinojosa y el Congreso de la Unión, con las que se pretendía contrarrestar la crisis, generaron mayor desempleo y estancaron el crecimiento económico y social. Llamaron a democratizar la discusión de las estrategias económicas en las que actualmente sólo participan la Secretará de Hacienda y Crédito Público y los integrantes del Poder Legislativo.

Por segundo año consecutivo el grupo de expertos conformado por los ex secretarios de Hacienda David Ibarra y Jesús Silva Herzog; el ex candidato presidencial Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano; la ex contralora Norma Samaniego; el ex director del Banco de México y ex titular de Programación y Presupuesto Carlos Tello; los investigadores Ciro Murayama y Rolando Cordera; los ex subsecretarios de Hacienda Francisco Suárez Dávila y Carlos Heredia, y de Desarrollo Social Enrique del Val; los ex embajadores Jorge Eduardo Navarrete y Eugenio Anguiano; el ex subsecretario de Comercio Mauricio de María y Campos; el director de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Leonardo Lomelí; el académico Gerardo Esquivel, y el político Saúl Escobar, propuso un viraje en la estrategia económica nacional, para alcanzar recuperación financiera, inclusión social y equidad.

En la sala uno de la rectoría de la UNAM, Rolando Cordera, investigador emérito, leyó algunas de las conclusiones del documento –producto de varios meses de trabajo del grupo que se reunió cada 15 días en espacios universitarios–, entre las que destacó que durante 2009 México fue la peor economía de América Latina, con una contracción de 6.5 por ciento del producto interno bruto (PIB), lejos de la caída promedio mundial de 2.1 por ciento.

Además, según estimaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, en México 15.2 por ciento de los jóvenes de entre 15 y 19 años no estudian ni trabajan, cifra tres veces superior al promedio de esa organización, que es de 4.8.

El documento –que se enviará al Congreso de la Unión para que se tome en cuenta en la elaboración de los presupuestos de egresos e ingresos para 2011– añade que los efectos de la crisis financiera pueden estar teniendo repercusiones severas sobre la criminalidad en México, pues en 11 centros urbanos (entre ellos Ciudad Juárez, Tijuana, Reynosa, Chihuahua y Monterrey) en tres trimestres han desaparecido más de 110 mil empleos formales.

Al presentar el documento ante los medios de comunicación, Cuauhtémoc Cárdenas subrayó que es indispensable que en los presupuestos que el Congreso de la Unión aprobará para el siguiente año se consideren políticas que permitan recuperar el crecimiento. Las políticas instrumentadas por el gobierno, en vez de disminuir la pobreza, la desigualdad y el desempleo, permiten su avance. Además, no abren oportunidades a los jóvenes que no tienen ahora opción de estudiar ni trabajar, porque no hay sitios en las instituciones de educación superior y no se están creando fuentes de trabajo.

Una de las propuestas del grupo es fortalecer el presupuesto e incrementar, en términos reales, el gasto público, sobre todo en áreas sensibles para el empleo, el bienestar y la reactivación, como infraestructura, equipamiento de la educación básica, ampliación de los servicios de la educación media y superior, ciencia, tecnología y salud.

También plantearon la necesidad de incrementar el déficit del sector público en un margen razonable, para financiar el aumento del gasto, introducir un impuesto a las transacciones financieras en línea, avanzar en la cobertura de los derechos sociales, crear una comisión legislativa que contribuya a consolidar un sistema de salud y seguridad social universal, empleo para los jóvenes y abatimiento de las desigualdades regionales y que el Congreso de la Unión introduzca un consejo económico y social como espacio para el diálogo y la deliberación abierta en torno a las políticas económicas y sociales, entre otras.