Buenos Aires, 2 de septiembre. A partir de hoy rige en Argentina la nueva Ley de Medios Audiovisuales –que remplaza a la de Radiodifusión de la pasada dictadura militar (1976-1983)– sancionada por el Congreso en octubre de 2009, y que marca el inicio de una amplia democratización y diversificación de los medios, al abrir la puerta para que organismos sociales, sindicales y comunitarios, entre otros, puedan tener licencias para estaciones de radio y televisión.

La reglamentación fue publicada ayer por decreto en el Boletín Oficial, con la firma de la presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, y el jefe de gabinete Aníbal Fernández.

Esta ley permitirá accionar desde ahora para iniciar una amplia democratización y diversificación de medios, para lo cual universidades, organismos sociales, culturales y políticos trabajaron más de 20 años, en una acción participativa única en la región.

Como una extraña respuesta la sala C de la Cámara Nacional en lo Comercial revocó ayer la intervención judicial en la empresa Papel Prensa SA, dispuesta por el juez Eduardo Malde, en marzo último y como medida cautelar, ante el pedido del Poder Ejecutivo. El Estado tiene acciones en esa entidad.

La directora estatal de Papel Prensa, Beatriz Paglieri, cuestionó el dictamen judicial que ordenó además remover a los representantes del Estado, y aseguró que la resolución no cambia el informe oficial que revela la verdad sobre la apropiación que hicieron los diarios Clarín y La Nación de la fábrica de papel periódico al amparo de la dictadura.

Paglieri señaló que es insólito que una Cámara saque siete resoluciones en un día, e informó que el gobierno aún no había sido notificado formalmente de la resolución, y agregó que esto se va a dirimir en tribunales.

Plazos y obligaciones para todos

En tanto, con la nueva Ley de Medios Audiovisuales postergada por una serie de acciones judiciales, comienzan a correr plazos y obligaciones para todos.

El momento fue demorado por acciones legales ineficaces y torpes promovidas por los grandes medios o sus mandaderos. El debate público de la reglamentación, toda una novedad, también consumió semanas, esta vez con intenciones edificantes señala el analista Mario Wainfield, de Página 12.

Recuerda que los detractores de la ley vaticinaron un aluvión de pleitos, tal como ocurrió cuando la restatización del sistema jubilatorio, pero rápidamente esos expedientes se redujeron, y recordó que dos sentencias que intentaron parar la ley en el Poder Judicial de la provincia de Mendoza, fueron revocadas por la Corte Suprema mediante considerandos muy severos.

En realidad era imposible y anticonstitucional detener una ley aprobada por el Congreso pero el objetivo fue retrasar su aplicación.

No estamos acostumbrados a vivir en libertad de expresión y nos parece que el imperio del monopolio es el único posible. Esta es la primera vez que vamos a avanzar hacia la democratización del marco jurídico de los medios en Argentina, dijo Gabriel Mariotto, titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca).

Cristina Fernández de Kirchner, presidenta de Argentina, firmó ayer el decreto para la entrada en vigor de la Ley de Medios Audiovisuales. La imagen, del 24 de agosto pasado en la Casa RosadaFoto Reuters

El organismo puede exigir el cumplimiento de los principales aspectos de la ley, entre éstos la regulación publicitaria, las cuotas de producción nacional o adjudicar licencias a organizaciones sin fines de lucro, aunque en el punto el 161 deberá esperar un fallo de la Suprema Corte para dar por comenzado el plazo para que los grupos mediáticos se adecúen a los nuevos topes de licencias.

La ley pone a Argentina en posibilidad de vivir en libertad de expresión y de terminar con las posiciones dominantes, aseguró también Mariotto, quien señaló además que se trata de una legislación profundamente antimonopólica.

Por primera vez pueden acceder a la titularidad de licencias de radio y televisión las cooperativas de servicios públicos y el artículo 31 confirma que también podrán prestar servicios de telecomunicaciones, mientras el mercado sigue estando vedado para las grandes compañías telefónicas, tal como exigieron los partidos del centroizquierda no oficialista durante el debate parlamentario por la ley.

Una misma persona jurídica no podrá tener más de diez licencias de televisión abierta o radio en todo el país, ni más de tres en una misma zona de cobertura. Los operadores de cable no podrán funcionar en más de 24 ciudades o municipios. Quien tenga televisión abierta no podrá tener distribución de señales de cable en la misma área de cobertura. De esta manera ningún concesionario individual podrá dirigirse a más de 35 por ciento de la población nacional.

La gran transformación del mapa de medios se iniciará con la adjudicación directa de licencias a las entidades estatales y sin fines de lucro como organismos sociales, sindicales, comunitarios y otros.

De la misma manera la estación de origen deberá pasar al menos una hora de producción propia en el horario central, además del servicio informativo propio. Sólo 30 por ciento de programación de una jornada puede ser una retransmisión total de la radio o canal de cabecera y sobre 24 horas sólo siete podrán conectarse en red, las restantes 17 las tendrán que ocupar con programación diseñada en la estación.

A su vez, las empresas que tienen más licencias de las permitidas o que exceden el porcentaje de alcance autorizado podrán presentar un plan de adecuación voluntaria y regularizar su situación. Si no lo hacen la autoridad de aplicación podrá actuar de oficio y realizar las transferencias necesarias.

Importante es la defensa del cine argentino en los futuros programas, como de la producción nacional y cultural o de los contenidos superadores. Para los sectores más progresistas y democráticos los puntos de la nueva norma auguran la verdadera libertad de prensa en el país.