urante el sexenio pasado llegó a su fin el ritual presidencialista del informe anual al Congreso. Se trataba de un monólogo dispendioso, absurdo y complaciente, en el que el protagonista hacía el recuento de logros históricos y, con frecuencia, imaginarios.
De la casi impracticable lectura del documento completo se pasó a la presentación del texto por escrito, acompañada de un mensaje político
pronunciado ante el pleno de los legisladores. La torpeza política de Vicente Fox y sus recordados pleitos con el Legislativo acabaron de torpedear la ceremonia y, en lo sucesivo, se ha cumplido la disposición constitucional que ordena al titular del Ejecutivo federal entregar al Congreso un documento por escrito acerca del estado de la administración pública.
Felipe Calderón Hinojosa hizo lo propio, por cuarta vez, el miércoles pasado, y ayer llevó a cabo una reunión en la que formuló un balance de su gobierno. De su discurso, lo más destacado, incluso por él mismo, fue el anuncio de un decreto que marca el fin de la televisión analógica y la digitalización de todas las señales televisivas en el país.
Al margen de la relevancia del tema en lo general, resulta lamentable que el gobierno federal presente como su gran logro una reordenación del espectro radioeléctrico que ha sido cuestionada por sectores políticos, académicos, sociales e incluso empresariales, en la medida en que ha sido realizada por medio de licitaciones a modo y concesiones dudosas, con sesgos monopólicos y bajo el signo de la sospecha generalizada de que se asistió a un pago de favores.
Más allá del asunto de las señales televisivas y de las telecomunicaciones en general, el discurso de Calderón no incluyó novedades: fue la reiteración del triunfalismo, la repetición de fórmulas para reivindicar marcas históricas en todos los ámbitos del quehacer gubernamental y la exposición de percepciones nacionales que sólo comparten algunos sectores de las elites políticas, económicas y mediáticas y que contrastan con realidades exasperantes en lo económico, lo laboral, lo social y lo político: la mayoría de la población pasa por la más angustiosa estrechez material que han vivido en décadas; la sociedad observa, impotente y aterrorizada, la paulatina pérdida de control del territorio por las instancias gubernamentales de los tres niveles, y la institucionalidad sufre una descomposición sin precedentes; en tales circunstancias, el poder público dibuja el escenario de un país próspero y crecientemente justo en lo social, en plena recuperación en lo económico y con un Estado capaz de garantizar la vida, la propiedad, la paz y la seguridad pública. En resumen, el tono de los mensajes políticos del Ejecutivo federal no ha variado desde los tiempos de las presidencias priístas, pero el país se encuentra en una coyuntura mucho más grave que hace 15 o 20 años.
La ocasión hace recordar la necesidad de que la clase política termine de desechar los rescoldos de las alocuciones presidenciales de principios de septiembre y de los informes discrecionales por parte del Ejecutivo federal y que busque fórmulas más próximas a los principios modernos de la rendición de cuentas: México pasa por momentos críticos y no ayuda a superarlos el que los gobernantes eludan la gravedad de las circunstancias y se extravíen en la exaltación del desempeño propio.
