Representantes del Pacto por la Vida, la Libertad y los Derechos de las Mujeres se manifestaron ayer en el Hemiciclo a Juárez para exigir la inmediata e incondicional liberación de todas las mujeres encarceladas en Guanajuato, acusadas de homicidio en razón de parentesco.

Las activistas aseguraron que la atenuante que el Congreso estatal aprobó el martes para reducir la penalización de las acusadas responde a la presión nacional e internacional; sin embargo, no acaba con la persecución y criminalización de las mujeres en esa entidad.

Exigieron que las encarceladas sean declaradas inocentes y criticaron que el gobierno de Juan Manuel Oliva Ramírez haya negado que esas mujeres fueron recluidas porque abortaron y que sean calificadas de asesinas, sostuvo Irma de la Cruz, integrante del Pacto.

Las manifestantes sostuvieron que el atenuante no es suficiente, porque, aunque la reducción de penas permite que las seis puedan ser liberadas, serán señaladas como homicidas tal como el gobernador Juan Manuel Oliva insiste en declarar.

Tras la lectura de un pronunciamiento, la activista demandó a diputados, senadores, magistrados y a todas las instituciones del país que se apeguen al principio de igualdad, que cumplan el artículo cuarto constitucional, que protege las garantías individuales, y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, porque la democratización de un país representa poder satisfacer las necesidades de la población y pasa por priorizar y garantizar el respeto de nuestras vidas sin pretexto.

Recordaron que en ese estado se han iniciado 161 averiguaciones previas por abortar. De éstas, 14 mujeres están sujetas a un proceso penal y nueve ya fueron sentenciadas, de las cuales, pese a los anuncios de que van a ser liberadas, todavía seis continúan presas.