Diputados del PRI y el PAN trabajan en una propuesta común de reforma a la actual legislación en materia de seguridad nacional, que modifique el artículo 89 constitucional, y con ello se garantice que el titular del Poder Ejecutivo pueda utilizar ciento por ciento de las fuerzas armadas para combatir problemas como el narcotráfico cuando se considere que pongan en riesgo la integridad de la República, revelaron legisladores de la Comisión de la Defensa Nacional y Seguridad Pública.

La propuesta final aún la discuten priístas y panistas, señalaron los legisladores consultados durante el foro Violencia e Impunidad, que organiza la Fundación Colosio y que se realiza en un hotel de la ciudad de México.

La propuesta se trabaja por integrantes de cinco comisiones legislativas, y hasta el momento las iniciativas que se analizan como acuerdo común impedirían que los gobernadores o los presidentes municipales sean quienes soliciten la intervención de las fuerzas armadas para combatir al crimen organizado, como lo acordaron los integrantes del Senado de la República, el pasado 22 de abril.

La propuesta de reforma aprobada por los senadores, y que se encuentra en revisión en la Cámara de Diputados, permite que el Presidente de la República envíe miembros de las fuerzas armadas a aquellos municipios o entidades que soliciten su presencia, al considerar que existe una afectación a la seguridad interior del país.

La propuesta de reforma legislativa enviada por el presidente Felipe Calderón al Senado como cámara de origen en abril de 2009, fue dictaminada casi un año después, tras grandes debates en las comisiones unidas de Seguridad Pública, Gobernación y Estudios Legislativos.

El acuerdo senatorial y su propuesta de reformas a la Ley de Seguridad Nacional fue aprobada con 105 votos a favor, uno en contra y una abstención, y ello no implicó que se modificara el fuero castrense.

Ahora, de acuerdo con la información recabada, se considera una modificación al artículo 89 constitucional que establece las facultades y obligaciones del titular del Poder Ejecutivo, y con ello se autorizaría el empleo de la totalidad de la fuerza militar, en caso de que el Presidente lo considere necesario, para combatir o sofocar actos que pongan en riesgo la integridad de la nación.