Bogotá, 12 de septiembre. Seis militares fueron condenados este fin de semana a 40 años de prisión por el asesinato del líder indígena Edwin Legarda Vásquez, el 16 de diciembre de 2008. Los uniformados alegaron durante el juicio que dispararon contra Legarda porque hizo caso omiso a una orden de detención cuando conducía, por lo que abrieron fuego contra su automóvil, informaron medios de prensa.

Se hizo justicia, dijo Aida Quilcué, viuda de Legarda y también dirigente indígena, al conocer el fallo emitido este sábado por el un juez de Popayán, departamento del Cauca, suroccidente de Colombia, en el que además de la condena a los seis militares, ahora en retiro, se les impuso una multa equivalente a dos mil 666 salarios mínimos vigentes al momento del crimen, lo que representa unos 286 dólares.

El consejero mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), Elides Pechené, declaró que si bien hubo una condena a los militares que dispararon contra Legarda, no hubo acción alguna contra quienes ordenaron el operativo que costó la vida al dirigente indígena, reportó el diario El Tiempo en su página de Internet.

Tras señalar que 90 por ciento de los crímenes contra miembros de su etnia permanecen impunes, Pechené aseguró que durante la última década fueron asesinados unos 500 indígenas, la mayoría en los ocho años de gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010).

El sargento viceprimero Alexis Ramírez Vivas; el cabo tercero Javier Alonso Osorio Díaz, y los soldados profesionales Lisandro Caicedo Obando, Javier Francisco Belalcázar Trochez, Numar Armido Muitrón Cabezas y William Weimar Lemeche Hurtado fueron condenados cada uno a 40 años de prisión y pagar la multa, informó Telesur en su portal en Internet.

También fueron inhabilitados 20 años para ejercer cargos públicos, en una sentencia que ya fue apelada por la defensa.

En junio pasado, el mismo juzgado de Popayán declaró culpables a los militares, y más adelante un uniformado fue absuelto por considerarse que no había pruebas de que hubiese disparado.

Legarda fue asesinado la madrugada del 16 de diciembre de 2008, cuando se trasladaba en una camioneta del CRIC por la carretera que lleva de la localidad de Inzá a Popayán; iba a recoger a su esposa, Aida Quilcué.

El auto en el que viajaba fue encontrado con 15 disparos de fusil en los costados y dos que entraron por el parabrisas.

Los militares argumentaron que Legarda ignoró una orden de detención en un retén, por lo que abrieron fuego contra el vehículo.

Un día antes del homicidio, la esposa del fallecido, Aida Quilcué, había regresado de Ginebra, donde asistió a sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Para el CRIC, el objetivo del operativo era Quilcué, quien en esa fecha era la consejera mayor del CRIC y encabezó una marcha –la minga– que meses antes movilizó a 40 indígenas desde el suroeste de Colombia hasta la capital, Bogotá.

Desde entonces, Quilcué ha denunciado que el asesinato de Lagarda fue un crimen de Estado. El ejército lo asesinó.

Narcoparamilitares superan a las guerrillas

El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) señaló que una nueva generación de al menos 10 grupos armados y narcotraficantes en Colombia ha remplazado a las ultraderechistas Autodefensas Unidas de Colombia, que se desmovilizaron en 2006, en la administración de Uribe.

Indepaz precisó que estos nuevos grupos, a los que define como narcoparamilitares, al margen de la ley han superado a las guerrillas como los principales actores violentos, y están presentes en 29 de los 32 departamentos de Colombia. Entre los más connotados figuran las Águilas Negras y Los Ratrojos; carecen de una agenda política clara.

El informe, divulgado por BBC Mundo en su página de Internet, puede encontrarse en www.indepaz.org.co/

En este contexto, el ministro de Defensa, Rodrigo Rivera, declaró que la ofensiva desplegada por las guerrillas contra la fuerza pública, que ya dejó unos 40 policías y militares muertos este mes, busca minar el respaldo ciudadano al nuevo gobierno del presidente Juan Manuel Santos.

En entrevista a la revista Semana, de Bogotá, que empezó a circular este domingo, el ministro advirtió que, pese a ello, el gobierno mantiene su posición de no dialogar por ahora con los rebeldes.

Con actos terroristas, reclutamiento de menores, esclavitud sexual de la niñas, uso de minas antipersona, matanzas que violan todas las normas del Derecho Internacional Humanitario, pues simplemente no vamos a responder ese tema, agregó.

Santos, como ministro de Defensa del anterior gobierno del derechista Uribe, propinó duros golpes a las guerrillas, principalmente a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que llevan 46 años de lucha armada contra el Estado colombiano.

Rivera también atribuyó en parte la escalada insurgente a los operativos militares contra el líder de las FARC, Alfonso Cano.

En otro orden, el gobierno colombiano entregó a familiares los restos de seis víctimas conocidas como falsos positivos. Todos eran civiles asesinados por el ejército que los hacía pasar por miembros de grupos rebeldes caídos en combate. Mientras más rebeldes presentaran, mayores recompensas obtenían los uniformados, en una política de premios impulsada desde el gobierno del ex presidente Álvaro Uribe.