El Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros presentará una denuncia penal contra el gobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías, por haber difamado a los trabajadores de la sección 65 de Cananea, que están en huelga legal, al calificarlos de grupo subversivo e incluso detener a varios de ellos con ese cargo.

La organización gremial apuntó que la acusación de Padrés contra los mineros es un delito grave, por lo que se presentarán las denuncias correspondientes a nivel federal, con el fin de que el gobernador responda y compruebe estos señalamientos o sea sancionado con todo el rigor de la ley para que la difamación no quede impune.

El sindicato resaltó que Padrés Elías sostuvo que la Procuraduría General de Justicia del estado de Sonora (PGJE) había aprehendido al supuesto autor del balazo que hirió a un esquirol de Grupo México en Cananea, pero de inmediato el líder de la sección 65, Sergio Tolano Lizárraga, señaló la falsedad de esa imputación, ya que la fotografía enviada por la PGJE a los medios no correspondía con el nombre que se difundió, lo cual comprueba que se utilizó información falsa con el propósito de difamar.

Apuntó que el gobierno de Sonora aprehendió en Hermosillo a Martín Fernando Salazar Arvello, de la sección 65, acusándolo de subversivo, cuando éste se encuentra en esa ciudad para acompañar a su esposa, hospitalizada por problemas de un embarazo complicado, por lo que se exige enérgicamente la inmediata liberación de este trabajador.

El sindicato minero afirmó que el mandatario estatal llevó a cabo otros actos de hostigamiento, al detener a más de 20 mineros de Cananea y remitirlos al Cereso de Agua Prieta. Asimismo, denunció que fueron detenidos momentáneamente Luis Sánchez Zúñiga, secretario de organización y estadística del comité ejecutivo, y Jacinto Martínez, secretario de trabajo de la sección 65, quienes ya fueron liberados porque no se les pudo comprobar ningún delito.

Para el sindicato que encabeza Napoleón Gómez Urrutia, el gobernador ha traicionado su propia palabra, ya que al sostener que su gobierno ya no dialogará con los mineros hace ver cuán falsos fueron sus ofrecimientos de diálogo. Además, como oriundo de Cananea, traiciona su ofrecimiento de que buscaría la mejor forma de contribuir a la solución del conflicto en el histórico mineral, así como la amistad que dijo tener hacia los mineros de esta región, muchos de los cuales fueron sus compañeros de infancia y juventud.

El gremio consideró que el gobierno de Padrés no es neutral en este conflicto y que resulta evidente su sometimiento servil  a la política represiva de Grupo México, de Germán Feliciano Larrea, y del titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano Alarcón.

Para la dirigencia y los trabajadores de Cananea, los verdaderos subversivos y criminales son las empresas que han agredido a mineros y están impunes,  él mismo Padrés y su secretario de Gobierno, Héctor Larios Córdova, quienes con Lozano insisten en la simulación que hacen del fallo de la Suprema Corte de Justicia, la cual nunca autorizó la desocupación violenta de la mina de Cananea ni la represión de la huelga, sino que sólo aprobó una inspección del Ministerio Público por asuntos menores.

Según advirtió el sindicato, la declaración de Padrés indica que se prepara una represión mayor contra los trabajadores de las secciones 65 y 207, de Esqueda, también en Sonora, y expuso que el gobierno de Padrés “hace recordar la figura del ex gobernador Rafael Izábal, que en el porfiriato, hace más de un siglo, trajo a rangers de Estados Unidos para reprimir a los huelguistas de la Cananea de aquel entonces”.