La situación laboral en el Distrito Federal va en deterioro. A la desaparición de 60 micro y pequeñas empresas diarias se suma el alargamiento de los juicios, aun con laudos o sentencias definitivas para no liquidar a los trabajadores conforme a la ley, y la presencia de “sindicatos de papel, de protección o charros que sirven a las empresas para despedir a la gente y abaratar la mano de obra que pretende la reforma laboral impulsada por el gobierno federal”, coincidieron representantes del gobierno local,abogados y de la UNAM.

Durante su participación en la mesa de análisis Reforma laboral, alcances y perspectivas, realizada en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, el secretario del Trabajo y Fomento al Empleo, Benito Mirón Lince, advirtió que se cometería un error histórico si se aprueba esta reforma, pues se legitimará la flexibilización laboral, facilitarán los despidos y sustituirán los contratos de base por los de hora, sin responsabilidad de los patrones.

¿Quién quiere la reforma laboral en México?, sólo los que promueven un proyecto de país basado en el libre mercado, donde se defiende al gran capital o a la gran empresa, sostuvo el funcionario, quien destacó la necesidad de mejorar la productividad con empleos, la reactivación del mercado interno y la inversión productiva.

Los más afectados con una reforma de esa índole serán los trabajadores, así como la micro y pequeña empresa, que generan 70 por ciento de los empleos, pero que diariamente alrededor de 60 tienen que cerrar sus puertas, ante la imposibilidad de continuar, con el consecuente desplazamiento de mano de obra. De ahí la necesidad por ello de que el empleo sea considerado como un asunto de utilidad pública y seguridad nacional, argumentó.

Erwin Stephan Otto, sociólogo y licenciado en derecho por la UNAM, expuso que dicha iniciativa está contaminada desde sus inicios, ya que pretende poner en pugna la relación obrero-patronal, sobre todo porque no impone condiciones a las empresas trasnacionales o de libre mercado. Tal situación ha provocado que en las juntas los procesos se alarguen en detrimento de los trabajadores, a quienes se ha satanizado y se culpa de los problemas de las empresas en cuestión.

Hoy, consideró Manuel Fuentes Muñiz, de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), se corre el riesgo de que se convierta al gobierno mexicano en un outsourcing, se abarate el despido limitando el pago de salarios caídos y se excuse al patrón de la obligación de reinstalar al trabajador.

Además, se incrementarán las causales de despido, se legalizará la subcontratación, se eliminarán las tablas de enfermedades y se excluirá a los trabajadores comisionistas de las relaciones laborales, entre otras adversidades, agregó.