Organizaciones defensoras de los derechos humanos manifestaron ayer que si verdaderamente la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) quiere que se haga justicia, debe entregar a la autoridad civil a los soldados que el pasado domingo 5 de septiembre dispararon a una familia en la carretera Monterrey-Nuevo Laredo, donde mataron a Vicente de León Ramírez, de 52 años de edad, y a su hijo de Alejandro Gabriel, de 15.

Édgar Cortez, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD); Adrián Ramírez, presidente de la Liga Mexicana de Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh), y Fabián Sánchez, de Litigio Estratégico en Derechos Humanos (LEDH), en entrevistas por separado coincidieron en que ésa debería ser la actuación de los militares: Cumplir con los estándares internacionales en derechos humanos y acatar las recomendaciones de esos organismos.

Cortez manifestó: El punto es que la instancia que realiza la investigación son los propios militares. Ante ello, ¿qué objetividad e imparcialidad puede haber? Además, comenzó mal la Sedena, pues primero salió a decir que sus elementos dispararon a una familia que no se detuvo en un retén cuando le marcaron el alto. Conocemos muchos casos donde los militares han alterado y manipulado las pruebas. Los culpables deben ser entregados a la autoridad civil.

Cómo confiar en una autoridad si ya prejuzgó el caso?. Sí, a lo mejor investigan, pero como son ellos mismos los que indagan y sancionan, no va a pasar nada. En este caso salieron las autoridades a decir que están detenidos los soldados que dispararon a la familia de Nuevo León, pero no es sorpresivo, esa es la constante, ellos investigan y no sancionan.

Por su parte, Adrián Ramírez, presidente de la Limeddh, dijo que hay una presión muy grande que ha llevado a que los militares inicien una investigación, pero (debiera ser) de acuerdo con la Constitución, con los convenios y pactos internacionales que el gobierno mexicano ha signado. Los soldados que dispararon a la familia deben ser juzgados por la justicia civil, porque los muertos eran civiles que fueron atacados por los militares.

Añadió: No podemos dejar pasar las declaraciones emitidas por el vocero del Consejo de Seguridad Nacional, Alejandro Poiré, quien acusa a los ciudadanos de no acatar las disposiciones de los militares cuando no se detienen en los retenes castrenses. Tampoco podemos aceptar que a los ciudadanos que son asesinados por soldados se les llame bajas colaterales; es del todo inadmisible.

A su vez, Fabián Sánchez, de Litigio Estratégico en Derechos Humanos, resaltó: Lo primero que debe hacer la Sedena es entregar a la autoridad civil a los responsables de haber disparado a la familia de Nuevo León. Éste sí sería un mensaje de que realmente hay un cambio en la actitud de la Defensa Nacional; lo demás es solamente asunto mediático.

El activista en derechos humanos insistió: En los casos de violaciones a derechos humanos que cometan militares en contra de civiles, la competencia debe ser exclusivamente de la justicia civil. Eso es lo que debe acatar la Secretaría de la Defensa.