El gobierno sostiene una política de humillante asistencialismo y clientelismo, presume la entrega de 730 pesos mensuales a 34 millones de pobres y mantiene a los campesinos en la miseria, mientras deja a las trasnacionales la producción de alimentos, asentaron el Frente Nacional de Legisladores del Sector Rural, la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas y Alianza Campesina del Noroeste (Alcano).

Estas organizaciones se pronunciaron en favor de un sistema que regule la producción y calidad de los alimentos y aliente la agricultura de los pequeños y medianos productores, para lo cual se requiere un presupuesto al alza, no a la baja, que sea objeto de fiscalización real para terminar con los subejercicios.

La reducción del presupuesto para el campo en 14 mil 200 millones de pesos para el próximo año, como propone el Ejecutivo, desprotege a los campesinos y obstaculiza el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas agropecuarias, dijo Raúl Pérez Bedolla, secretario de organización de Alcano.

El enfoque para el desarrollo rural es equívoco: la política para la mayoría de los productores se reduce a los apoyos asistencialistas, pues se dedica 80 por ciento al consumo y sólo 20 por ciento a las actividades productivas, expuso Heladio Ramírez López, presidente del Frente Nacional de Legisladores del Sector Rural.

Los apoyos con dinero en efectivo apoyan el consumo de los más pobres, pero donde hace agua el barco no es en la proa de las intenciones, sino en el sótano de la realidad, y es allí donde tienen que atenderse los problemas.

La pobreza que prevalece en el campo sólo se puede combatir con un cambio de estructuras; atemperando la profunda desigualdad que lo agobia para devolverle la prioridad perdida, sacarlo de su crisis estructural, resarcirlo del atraso que significó haber privatizado o cancelado instituciones vitales para su desarrollo, asentó.

Olegario Carrillo Meza sostuvo que el modelo neoliberal es el que provoca las actuales distorsiones en el sistema agropecuario y pone al mercado nacional en manos de trasnacionales; genera pobreza y hambre que se concentran en mil 300 municipios, la mayoría con población rural, los cuales tienen cada día mayores dificultades para acceder a la tierra, el agua y las semillas.

El gobierno reconoce la creciente dependencia alimentaria del país, pero no actúa para revertirla y sigue privilegiando los programas asistencialistas, anula los productivos y hace caso omiso de la propuesta de crear una reserva estratégica alimentaria.

Ante un gobierno ineficaz en su desempeño económico y fiscal, que ha profundizado los daños en el sector rural, el movimiento campesino tiene que continuar pugnando por la protección de los sistemas agroalimentarios; demandar disposiciones legales contra prácticas especulativas en la producción y comercio de alimentos, fortalecer los sistemas de producción campesina e indígena y promover modelos de producción agrícola menos dependientes de los hidrocarburos.