Cecilia Romero Castillo presentó ayer su renuncia al cargo de comisionada del Instituto Nacional de Migración (INM), tras el asesinato de 72 inmigrantes en el estado de Tamaulipas.

De acuerdo con funcionarios de la Secretaría de Gobernación (SG), ella debió dejar el cargo desde que se tuvo noticia de ese crimen –perpetrado el 23 de agosto pasado– no porque fuera responsable directa de la serie de sucesos que derivaron en el asesinato de los migrantes, sino por una cuestión institucional y debido a la magnitud de la masacre.

Un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señala que cerca de 18 mil migrantes fueron secuestrados en México el año pasado cuando intentaban cruzar hacia Estados Unidos.

La resistencia de Cecilia Romero a dejar el cargo provocó el enfrentamiento del grupo cercano al titular de la dependencia, Francisco Blake Mora, con el de la funcionaria dimitente, a pesar de que Romero Castillo ocupaba un cargo menor en el organigrama de la SG.

Aún no se conoce el nombre de quien tomará el cargo que deja vacante.

Desde el año pasado la ahora ex comisionada –y también ex senadora– se había negado a presentarse ante el Senado. Ayer el órgano legislativo acordó horas antes de su remoción su comparecencia para que explicara la situación de las agresiones, masacres y violaciones de migrantes.

En tribuna, Jesús Murillo Karam (PRI) dijo que lo sucedido con la masacre de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, es lamentable y urge que el Senado tenga de primera mano información sobre tales hechos. Somos muy exigentes cuando volteamos hacia el norte y planteamos respeto a los derechos humanos de nuestros migrantes y reclamamos una política de migración, pero si analizamos lo que sucede en México con los centroamericanos, somos peor de lo que criticamos.

Ricardo Monreal (PT) planteó que el Senado no debería quedarse sólo con la comparecencia de la comisionada ni con solicitar un informe detallado de la masacre de indocumentados. Amnistía Internacional y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos –indicó– llevan por lo menos cinco años documentando y denunciando el trato inhumano que reciben los centroamericanos en su tránsito por México: extorsiones, secuestros, violaciones, asesinatos, reclutamiento de sicarios y de grupos del crimen organizado.

Por el PAN Humberto Andrade manifestó su adhesión al punto de acuerdo. Y propuso: instrumentemos de una vez por todas una ley que dé a los migrantes, en principio, respeto a sus derechos humanos, a su calidad de personas y la posibilidad de ser tomados como un factor de desarrollo y no como una carga para las sociedades.

Al aceptar la renuncia de Cecilia Romero, el secretario de Gobernación, José Francisco Blake Mora señaló que hay una etapa de transformación y modernización del INM, además de elogiar el esfuerzo realizado por Romero para capacitar a los agentes migratorios en materia de derechos humanos, acorde a los acuerdos internacionales signados en esta materia por el gobierno de México.