La Habana, 17 de septiembre. Cuba se pronunció hoy por la creación de una comunidad de estados latinoamericanos y caribeños que refuerce el proceso de integración de los 33 países de la región y lleve una voz conjunta a foros internacionales.

El ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, lanzó esta propuesta durante una reunión de cancilleres de los 15 países miembros de la Comunidad del Caribe (Caricom), ante quienes dijo además que en un proceso de integración las economías más pequeñas del área deben obtener un trato especial y diferenciado.

Rodríguez pidió a los países de la Caricom una acción conjunta encaminada a instar a la comunidad internacional a alcanzar acuerdos concretos para enfrentar el cambio climático en la próxima Conferencia de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre este tema, que se celebrará en Cancún, en noviembre próximo.

Esta es la tercera reunión de cancilleres de la Caricom en ocho años. Según una fuente cercana a los participantes en el foro, consultada por la agencia Notimex, La Habana examina mecanismos que faciliten la integración de la mayor isla de las Antillas con los miembros de este organismo, conformado por Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, Granada, Guyana, Haití, Jamaica, San Cristóbal y Nevis, Santa Lucía, San Vicente y Las Granadinas, Surinam, y Trinidad y Tobago.

En el plano interno, la Iglesia católica cubana anunció hoy que cuatro ciudadanos presos desde 2003 serán excarcelados próximamente para sumarse a otros 36 que en junio comenzaron a emigrar hacia España.

Estos dos grupos forman parte de las 52 personas que el gobierno ofreció liberar antes de noviembre, durante una negociación realizada entre el presidente Raúl Castro y la jerarquía católica local.

Nelson Molinet, de 45 años; Héctor Valle, de 42; Miguel Galván, de 45; y José Miguel Martínez, de 46, son los cuatro individuos que saldrán de prisión esta vez, informó el arzobispado.

Los liberados y los que saldrán en breve forman parte de 75 personas que el gobierno cubano confinó en 2003, acusados de delitos del fuero común, pese a que ellos argumentan razones políticas.