a tragedia de los 72 migrantes asesinados, supuestamente por el grupo delincuencial de Los Zetas, no sólo ha puesto en el centro del debate un tema que sin duda requiere ahora más que nunca toda nuestra atención, pues estamos hablando de seres humanos que enfrentaron el secuestro y su posterior asesinato, sólo por el hecho de intentar cambiar el rumbo de sus destinos. Pero sobre todo, porque su paso por México no fue considerado en el marco de los pactos y reconocimientos de organismos internacionales que el país ha signado, y por ello estaba obligado a cumplir. Como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y otras obligaciones del derecho internacional de los derechos humanos que señalan claramente el derecho a la igualdad ante la ley de todo aquel que se encuentre en el territorio de un Estado americano y sujetos a su jurisdicción, y prohíbe toda medida que propicie un trato perjudicial distinto a personas o grupos de personas por ser contraria al reconocimiento de igualdad ante la ley que prohíbe todo tratamiento discriminatorio
. Se trata de un planteamiento aplicable no sólo a migrantes legales, sino también a indocumentados.
Sin duda que alguna repercusión ha empezado a tener tan terrible tragedia, con la renuncia
de la comisionada del Instituto Nacional de Migración, Cecilia Romero. Lástima que no fueron atendidas antes todas las quejas que presentaron diversas agrupaciones de derechos humanos y la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Pero lo que preocupa muchísimo es que, si bien es cierto que quitar a la persona que se encuentra al frente es lo lógico, pues es responsable por acción u omisión de lo que sucede en su dependencia, no queda clara cuál es la finalidad del gobierno de Calderón en su propuesta de restructuración. La propia ex comisionada ha señalado que si bien no cree que la restructuración tenga un perfil policiaco, porque sería contradictorio con la materia y la despenalización de la migración indocumentada, recientemente aprobada. Sería incongruente pero es una restructuración que tiene que ver con las fuerzas de seguridad
.
Grave que se piense en reforzar el instituto con fuerzas de seguridad, cuando lo que ahí se necesita es limpiar una dependencia de aquellos miembros que se encuentran coludidos con la delincuencia organizada, como se ha podido documentar fehacientemente. Qué confianza puede haber en esas fuerzas de seguridad, algunos de cuyos miembros también están bajo ese problema y ahora pueden dominar el Instituto Nacional de Migración.
Será muy fácil comprender el camino que Felipe Calderón va a dar al INM: dependerá de a quién ponga al frente de tan importante y clave institución. Pero si no se decide por una persona que haya demostrado su vocación real y con hechos por la aplicación de los derechos humanos, podemos asegurar que, como en otras ocasiones, se trata simplemente de tapar el ojo al macho
. Y los migrantes seguirán enfrentando la tragedia cuando intenten pasar por el país.
México está viviendo uno de los más graves, sangrientos e inseguros momentos de su historia. Se ha propuesto detener a los migrantes indocumentados para que no pasen a Estados Unidos, favoreciendo con ello a la delincuencia organizada. Además, está librando una guerra con las drogas
para disminuir su paso hacia el país del norte. No puede uno dejar de preguntarse: ¿cómo es posible que desde México o Colombia se envíen toneladas de droga sin que se sepa de detenciones de los capos que reciben esas enormes cantidades de drogas?
Triste papel de México, convertido en el regulador del mercado laboral y del mercado de las drogas para Estados Unidos.
