La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), organizaciones de defensa de la libertad de expresión y la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados manifestaron su pesar por el asesinato de Luis Carlos Santiago Orozco, fotógrafo del periódico El Diario, en Ciudad Juárez, Chihuahua; demandaron a las autoridades investigar el crimen e implementar de inmediato acciones efectivas para evitar nuevos atentados contra periodistas.

Reporteros Sin Fronteras informó que con el homicidio de Santiago Orozco, de 21 años, ya son 11 los periodistas asesinados en lo que va de 2010. Datos de la CNDH indican que con este crimen, el número de comunicadores asesinados en el país del año 2000 a la fecha se elevó a 65, agregó que de 2005 a 2010 se ha registrado la desaparición de 12 reporteros y 16 ataques a instalaciones de medios de comunicación.

En un comunicado, la CNDH demandó a los tres niveles de gobierno emprender, con carácter de urgente, acciones que garanticen el ejercicio periodístico, lleven a los responsables de estos crímenes ante la justicia y eviten nuevos atentados contra la prensa, ya que cuando un periodista sufre un agravio de manera indirecta se vulnera el derecho a la información de toda la sociedad.

Artículo 19 y el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos) indicaron que es necesario adoptar protocolos especiales de investigación para los crímenes contra periodistas hasta agotar la hipótesis de que éstos hayan sido o no cometidos con motivo de su labor.

Ambas organizaciones señalaron que Chihuahua es una delas regiones más peligrosas para los comunicadores, con el asesinato del fotógrafo de El Diario ya son 11 los homicidios de periodistas en ese estado de 2000 a la fecha, los cuales permanecen sin resolverse.

Subrayaron que este crimen –ocurrido 20 días después de la visita oficial de los relatores sobre libertad de expresión de la ONU y la OEA– demuestra el escaso interés del gobierno por atender los derechos y protección de los periodistas.

Reporteros Sin Fronteras exigió a Felipe Calderón revisar su plan de lucha contra el crimen y la impunidad que continúa siendo ineficaz, como lo prueba una vez más esta tragedia.

La Fundación para la Libertad de Expresión demandó al Estado mexicano acciones concretas que protejan y garanticen el derecho a la información. Propuso que los vehículos blindados que las autoridades han confiscado al crimen organizado sean utilizados por reporteros en regiones con alto riesgo y que se les dote de teléfonos con GPS y alarma de respuesta inmediata que estén conectados con las bases operativas de la policía.

En San Lázaro, Jorge Carlos Ramírez Marín, presidente de la Cámara de Diputados, manifestó sus condolencias por el asesinato del fotógrafo de El Diario y deseó la pronta recuperación del reportero gráfico que logró escapar. Exigió el esclarecimiento de lo ocurrido y que se haga justicia, ya que se atentó contra la vida de dos ciudadanos, contra la libertad de expresión y el trabajo de quienes ejercen el periodismo.

El diputado perredista Mauricio Toledo reiteró que el ejercicio periodístico en México se ubicó como el más riesgoso en el país porque el gobierno deliberadamente omite su responsabilidad de garantizar las condiciones necesarias para el libre y seguro ejercicio se las actividades informativas; tanta responsabilidad tienen los delincuentes que atentan contra los reporteros, camarógrafos y fotógrafos, como las autoridades de los tres niveles de gobierno.