eo en Entorno Laboral, una buena revista de información sobre temas de derecho del trabajo (no. 1587, tercera época, p. 2), que Javier Lozano –quien entretiene sus ocios actuando como titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS)– afirma que los integrantes del sindicato minero son unos delincuentes y arbitrarios al impedir el acceso al yacimiento de Cananea, en Sonora, e impulsar una huelga derivada de un paro ilegal de labores en la mina El Cubo, de Guanajuato.

Me temo que el problema es de Lozano y deriva de su supina ignorancia del derecho del trabajo, lo cual, además de las consignas que recibe o inventa, hace que su conducta y la de su subordinada, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, sean absolutamente violatorias de la ley.

En Cananea existe el ejercicio del derecho de huelga desde hace ya mucho tiempo. Lozano promovió en la junta federal de conciliación un conflicto artificial con el propósito de dar por concluidas las relaciones de trabajo, que fue resuelto conforme a sus instrucciones declarándolas terminadas. Pretendió con ello terminar con el estado de huelga, y es ahí donde se manifiesta su ignorancia, si no es que su mala fe.

A Lozano se le olvidó leer la Ley Federal del Trabajo, en particular lo establecido en el artículo 469, que clasifica los motivos de terminación de la huelga, a saber: por acuerdo entre los trabajadores huelguistas y los patrones; si el patrón se allana en cualquier tiempo a las peticiones contenidas en el escrito de emplazamiento de huelga y cubre los salarios que hubiesen dejado de percibir los trabajadores; por laudo arbitral de la persona o comisión que libremente elijan las partes, y por laudo de la junta de conciliación y arbitraje si los trabajadores huelguistas someten el conflicto a su decisión.

En el caso de Cananea no se ha dado ninguna de esas causales, por lo que el estado de huelga subsiste.

Con respecto a El Cubo, el tema de Cananea no tuvo nada que ver. Aparentemente ya ha sido resuelto, pero en todo caso es un fenómeno que se presenta con frecuencia en el mundo laboral cuando los trabajadores, desconfiados con toda razón del actuar de las autoridades, deciden las cosas por sí mismos y hacen paros. Suelen ser más eficaces que los emplazamientos a huelga. No constituyen delito alguno y, en todo caso, los trabajadores arriesgan la estabilidad en el empleo. Aunque están concientes de que cualquier represalia, como un despido colectivo, lo único que logra es paralizar la empresa.

Es evidente que las declaraciones de Lozano, que se supone es abogado, pueden implicar una responsabilidad penal, ya que está imputando al sindicato la comisión de delitos. No es mi materia y, por tanto, desconozco si el sindicato procederá a denunciarlo.

El conflicto minero es ya de largo alcance. Pone en evidencia una alianza del gobierno con las empresas, en especial en Cananea, y también que la STPS olvida que entre sus funciones, la de conciliar los conflictos es de las más importantes. Sin embargo, no ha intentado ni por casualidad reunir a las partes para concluir el problema. El sindicato minero se ha mostrado siempre propicio a llegar a una conciliación, fundamentalmente mediante la Secretaría del Trabajo, pero también aprovechando las relaciones personales de sus abogados con los que representan a las empresas, sin resultados, hasta ahora.

No conozco abogados que se opongan a resolver los conflictos en forma directa y no mediante juicios eternos y de resultados inciertos. No es tanta la confianza en el Poder Judicial y mucho menos en las juntas de conciliación, que son organismos de claro origen fascista y dependen plenamente de los poderes ejecutivos. Pero, además, es cuestión de tiempos y es bien sabido que la administración de justicia, tanto por razones de observancia de las garantías constitucionales que obliga a jueces, magistrados y ministros a escuchar a los interesados, como por el volumen de los asuntos a su cargo, generan juicios de interminable duración, con la combinación complicada de apelaciones o amparos de dos instancias. Por ello la conciliación es siempre deseada y las autoridades deben procurarla, lo que no hace la STPS.

Javier Lozano debería reconocer que es su deber buscar la conciliación. Pero me temo que su íntimo deseo es dañar al sindicato minero, que ha tenido el atrevimiento de objetar a fondo su conducta. Por supuesto que no lo logra.