A pesar de las críticas de senadores de PRI, PRD y PT sobre el fracaso de la estrategia gubernamental para el combate al crimen organizado, el procurador general de la República, Arturo Chávez, y el secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, sostuvieron que se hace lo correcto y defendieron la participación del Ejército en esta lucha.

Durante una comparecencia conjunta, el titular de la PGR advirtió que desde el inicio del gobierno de Felipe Calderón ya había “muestras muy claras de una modificación en el comportamiento de la delincuencia organizada, particularmente en el narcotráfico, que está minando las estructuras del Estado mexicano.

Esa realidad fue la que orilló al gobierno federal a tomar la decisión de salir con toda su fuerza y la magnitud del fenómeno evidenció que no se equivocó, dijo Chávez Chávez. Agregó que si no hubiera sido así, estaríamos enfrentando otro tipo de consecuencias.

García Luna, a su vez, reivindicó el manejo mediático en torno a la detención de Édgar Valdez Villarreal, La Barbie, ya que, sostuvo, mostró la fuerza del Estado frente a un criminal en extremo violento y peligroso.

“¡Eso es sólo un show mediático!”, le respondió el senador del PRD Pablo Gómez. Advirtió que esa guerra de propaganda no funciona y se requiere un cambio radical en el modelo, que incluya una nueva política social, porque de lo contrario no se detendrá el reclutamiento masivo de jóvenes por parte de bandas criminales.

García Luna dijo que mostrar a un criminal que, si no es el principal, sí es de los pioneros de la violencia de alto impacto, y que fue responsable de la campaña con mantas, videos y decapitaciones en todo el país, para el gobierno es un éxito.

Aseguró que la policía posee la capacidad necesaria para detener a cualquier delincuente sin importar su peligrosidad, porque se trata de una corporación que cuenta con inteligencia y herramientas para mostrar que el Estado es superior a cualquier delincuente.

El procurador Chávez Chávez defendió las intervenciones telefónicas y el arraigo –son herramientas invaluables– y demandó a los legisladores aprobar la reforma del presidente Felipe Calderón en materia de lavado de dinero.

Pablo Gómez, el también perredista Tomás Torres y el priísta Pedro Joaquín Coldwell preguntaron a los funcionarios para qué quieren más reformas legales si no utilizan la gran cantidad de leyes en materia de seguridad pública aprobadas por el Congreso.

Joaquín Coldwell sostuvo que no se perciben los resultados de las potestades que el Congreso otorgó a Calderón –una reforma constitucional y una veintena de modificaciones a leyes– y se refirió de manera concreta a la Ley de Extinción de Dominio, que no ha sido aplicada por la PGR.

El perredista René Arce lamentó que Calderón se comporte como un fundamentalista y se niegue a reconocer los errores en la estrategia antinarco. Pese a ello, el procurador pidió valorar con toda objetividad el trabajo de las fuerzas armadas y el papel de contención de la SSP, y frente a los cuestionamientos por el mal uso de la figura del arraigo y la intervención telefónica insistió en que constituyen herramientas invaluables en la lucha contra el crimen, ya que han permitido obtener mayores pruebas en contra de los detenidos, más órdenes de captura y autos de formal prisión.

Precisó que de enero a agosto de este año, 94 por ciento de los arraigados han sido consignados, y en promedio general a 97 por ciento se les libra orden de aprehensión y se les procesa.

Luego habló de la intervención de comunicaciones privadas y señaló que, mientras en 2009 se solicitaron 889, en lo que va de este año ya han sido pedidas 3 mil 246. Durante su exposición, el procurador señaló que ante la complejidad del fenómeno delictivo es necesario diseñar y construir planes y soluciones generales que al mismo tiempo tengan opciones regionales, y sostuvo que la forma en que se cometen delitos, por ejemplo, en Juárez, es distinta de como ocurre en Michoacán.

En esa comparecencia, dentro de la glosa del cuarto Informe de gobierno, el funcionario apuntó que en materia de combate al lavado de dinero, de septiembre de 2009 a junio de este año el Ministerio Público Federal inició 262 averiguaciones previas y ejercitó acción penal en contra de 162 presuntos delincuentes, aseguró casi 50 millones de dólares y 46 millones de pesos, y se decretó el abandono en favor del gobierno federal de 41 millones de pesos más.

Por ello, indicó, el único denominador común para vencer a la delincuencia es golpear las finanzas de las estructuras criminales, e insistió en su llamado al Congreso a revisar las reformas que en la materia presentó el Ejecutivo.

El senador Monreal respondió que no aprobarán reformas que violen derechos humanos e insistió en que este gobierno no logrará frenar el avance de la violencia y el crimen. “Al fin de esta comparecencia habrán sido ejecutados o desaparecidos entre 7 y 9 mexicanos. Éste es el reloj de la muerte que se echó a andar desde diciembre de 2006.”