La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados aprobó ayer, sin cambios, la minuta del Senado con la Ley General para Prevenir y Sancionar el Secuestro, que en los hechos federaliza ese ilícito, en el que la competencia para investigar y perseguirlo recae en el Ministerio Público de la Federación.

Los legisladores rechazaron –con tal de no devolver el documento al Senado– la advertencia que hicieron el ex procurador mexiquense Alfonso Navarrete Prida (PRI) y el coordinador de los diputados del PT, Pedro Vázquez González, en el sentido de que los estados quedarán fuera de la persecución de los secuestros debido a una falla técnica en la redacción del dictamen.

Vázquez refirió que el artículo 23 de la ley señala que el secuestro se perseguirá y sancionará por la Federación, cuando se trate de los casos previstos en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Sin embargo, dicha ley acota que se comete delincuencia organizada cuando en ese ilícito participen tres o más personas, definición que a su vez parte del párrafo nueve del artículo 16 de la Constitución. Vázquez González recordó que casi la totalidad de los secuestros cometidos en el país se planean y ejecutan siempre por bandas integradas por más de tres personas, por lo que difícilmente los estados investigarán estos hechos.

Navarrete Prida propuso agregar un transitorio para ampliar la entrada en vigor de la ley a 120 días después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, para que la comisión tenga tiempo de reformar leyes que se contrapongan a las nuevas disposiciones. Sin embargo, se acordó constituir un grupo plural que presente proyectos de dictámenes sobre la reforma.