La Comisión Internacional para los Derechos de los Trabajadores (ICLR, por sus siglas en inglés) presentó ayer ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) un documento amicus curiae en el que media centena de organizaciones de abogados y defensoras de los derechos humanos, así como estudiosos del derecho de Europa, Estados Unidos y Canadá le solicitan que se respeten los derechos de libertad sindical y humanos de los integrantes del sindicato nacional de trabajadores mineros.

Este documento fue presentado ayer ante el ministro presidente de la Suprema Corte, Guillermo Ortiz Mayagoitia, y en el mismo 46 organizaciones internacionales de juristas y abogados piden a la Suprema Corte del país, de la manera más respetuosa posible, que tenga a bien seguir el consenso global en materia de libertad sindical, al aplicar las normas de derecho laboral y humano internacional.

En especial piden a la máxima instancia jurídica de nuestro país que tenga a bien aplicar el convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en beneficio de la libertad de asociación del sindicato minero.

El memorial amicus curiae (figura no reconocida en el derecho mexicano) fue presentado ayer por el abogado del ICLR, Hugo Leal-Neri, quien refirió que firman el documento de apoyo a los derechos del sindicato nacional de trabajadores mineros, organizaciones como la Federación Internacional de los Derechos Humanos de Francia, el Centro Internacional para los Derechos Sindicales (ICTUR) del Reino Unido, la Asociación Europea de los Juristas por la Democracia y los Derechos Humanos en el Mundo de Alemania y la Asociación Americana de Juristas, entre muchas otras.

El sindicato minero interpuso un amparo en contra de la resolución de la Dirección de Registro de Asociaciones de negarle la toma de nota a su dirigente, Napoleón Gómez Urrutia, la cual ya llegó hasta la Corte sin que a la fecha se haya resuelto en definitiva el caso, y ahora estas organizaciones solicitan a esta instancia que resuelva conforme a derecho internacional y los convenios firmados por México ante la Organización Internacional del Trabajo.

En conferencia de prensa en la que también estuvieron presentes los abogados de este sindicato, Carlos de Buen y Luis Campos, Leal-Neri señaló que se investigó en México el caso y que incluso se envió una delegación de expertos, en la que participaron, entre otros, el juez de la Suprema Corte de Nueva York, Gustin Reichbach; los abogados laboralistas de Toronto y de Buenos Aires, Argentina, Jeffrey Sack y Teodoro Sánchez de Bustamante, respectivamente. Una de las conclusiones de esta delegación es que hay preocupación respecto de las violaciones cometidas por el gobierno de México de sus obligaciones de derecho internacional.

En este sentido, el abogado De Buen planteó que es inédito que tantos organismos internacionales se manifiesten juntos y suscriban un documento de amicus curiae para solicitar que una Corte resuelva conforme a los convenios firmados ante la OIT, y llamó la atención acerca del hecho de que esta situación se centra en la demanda de amparo del sindicato que lleva más de dos años y no se ha resuelto en definitiva.

A su vez, el abogado Luis Campos comentó que la presentación del documento se da cuando por otra parte, trabajadores en Cananea –que pertenecen a este sindicato– han sido víctimas de un embate violento y armado, y donde fuerzas armadas violaron la decisión de una corte federal que determinó la suspensión provisional de la terminación de las relaciones laborales, lo cual fue violentado.