El ambiente en general no es muy favorable en México para combatir la discriminación en sus diversas facetas, además de que la igualdad de oportunidades es tremendamente difícil, coincidieron por separado Carlos del Río, del comité de expertos de la Convención internacional de los derechos humanos de las personas con discapacidad de la ONU; Alejandra Nuño Ruiz Velasco, directora del programa del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional para Centroamérica y México, y otros expertos en el tema, y apremiaron a instaurar una política de Estado integral para enfrentarla.

Al continuar el foro Avances y desafíos en materia de leyes antidiscriminatorias en México, organizado por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, Del Río destacó que el tema de quién discrimina más es enorme en el país; sólo en el caso de los discapacitados se observa que hay una sola ley para abordar tal condición, mientras el resto de normas (penales, laborales, etcétera) ni mención hacen de esa problemática.

Existen también acciones tipo Teletón que construyen un imaginario social negativo de los discapacitados, al mostrarlos como seres débiles, marginados, necesitados de asistencia, situación que los aleja de una perspectiva que garantice el ejercicio de sus derechos fundamentales.

Gisela Zaremberg Lis, especialista de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, advirtió que persisten problemas en las políticas públicas para incorporar medidas contra la desigualdad de género, otro tipo de discriminación. Incluso, dijo, es más fácil plantear políticas para mujeres que cambiar la relación de éstas con los hombres.

Luis Enrique Hernández, director de la asociación El Caracol, destacó la discriminación institucional que viven jóvenes de la calle, quienes no son sujetos de derecho; ni siquiera tienen voz, ni documentos para ejercer su ciudadanía.

Citó varios ejemplos, uno de ellos de jóvenes embarazadas que vivían en la calle y al momento de pedir atención médica en hospitales públicos fueron excluidas y discriminadas, por lo cual perdieron la vida.

La presidenta de la Comisión Especial sobre la No Discriminación, de la Cámara de Diputados, Claudia Anaya, advirtió que el Estado debe actuar de manera proactiva, pues a la discriminación que se ejerce con la lástima hacia personas con problemas y la negativa a reconocer derechos de otros, se suma la política.

Reneé Dayán, directora de Tribuna Israelita, advirtió que México tiene una larga historia de desigualdades, ante las cuales no bastan leyes ni instituciones; se requiere apoyar a la sociedad civil y contribuir a su educación.

Ante las diversas facetas de la discriminación, su arraigo social y origen estructural, Nuño planteó abordarla con un enfoque colectivo e integral. “Algunas propuestas que ya hizo la CIDH son: políticas públicas adecuadas, participación de los sectores vulnerados, atención victimológica” y otras. Urge, subrayó, una reforma legal en el tema para garantizar que la discriminación se abarque en su magnitud y complejidad.