ara 2011, el memorando del Grupo Nuevo Curso de Desarrollo, al que se refirió mi nota del 2 de septiembre, propone que, ante la precaria recuperación conseguida en el crecimiento y el empleo, además de los riesgos externos de desaceleración económica y tensiones financieras, se aplique una política anticíclica abierta y decidida. Del lado del ingreso, tal política comprendería un mayor recurso al endeudamiento, congruente con el espacio fiscal existente; algunas medidas tributarias, que permitan iniciar la corrección de los niveles de recaudación, bajos en extremo, y la reducción de exenciones y regímenes especiales, que constituyen privilegios fiscales indebidos. Del lado del gasto, habría que asignar recursos suficientes a fortalecer el crecimiento, con énfasis en los rubros que eleven en mayor medida el empleo, como la inversión en infraestructura, y el bienestar social, en especial el equipamiento de la educación básica; la ampliación de los servicios de educación media y superior; la ciencia y la tecnología, y la salud. Estas acciones permitirían movilizar alrededor de cinco puntos adicionales del producto y obtener un crecimiento del orden de 6 por ciento real, que permita crear los empleos formales suficientes para abatir la desocupación en medida significativa. Con ellas, podría abrirse un periodo de crecimiento autosostenido, basado esencialmente en factores internos. El Estado asumiría con eficacia sus responsabilidades en materia de crecimiento y empleo.

En contraste, la propuesta oficial de política económica para 2011, anunciada el 8 de septiembre, propone la continuidad del estancamiento y la aceptación pasiva de los efectos negativos sobre la economía de una circunstancia exterior adversa. Al magro crecimiento de 2010, insuficiente para resarcir la caída del producto sufrida en 2009, seguiría, de adoptarse los criterios propuestos, un crecimiento aún menor en 2011. De esta suerte, el nivel del PIB el año próximo sería sustancialmente igual al de 2008. El producto por habitante habría registrado tres años sucesivos de deterioro. Una dinámica tan débil impedirá, por otra parte, crear empleos suficientes para quienes se incorporan a la población activa y mantendría la desocupación, por lo menos, en sus actuales rangos. Es difícil de concebir que un gobierno se atreva a plantear a la población perspectiva tan negativa, sintetizada en un tercer año sucesivo de empobrecimiento y en al menos dos y medio millones de desocupados.

La diferencia entre ambas propuestas es muy clara. De seguirse las políticas del memorando, 2011 sería el punto de partida de un nuevo curso de desarrollo, orientado hacia el crecimiento sostenible, la inclusión social y la equidad. Aprobar la propuesta oficial haría de 2011 otro año perdido, uno más en una serie ya demasiado larga.

Quizá la expresión más dramática de la insuficiencia de la propuesta oficial, caracterizada por la ausencia de iniciativas, se encuentre en su efecto sobre uno de los impulsores centrales del crecimiento y el empleo: la inversión pública. En los Criterios Generales de Política Económica para 2011 se presenta una proyección hasta 2016 de los recursos que se prevé destinar a este rubro. Se parte de una situación de enorme penuria: para 2010 se presupuestaron inversiones públicas físicas por el equivalente a 4.4 por ciento del PIB, probablemente uno de los montos más bajos entre las economías emergentes. No sería difícil que esta partida fuese de las afectadas por la plaga de los subejercicios, que se ha extendido nutrida por la ineficiencia administrativa y la sequía de proyectos. Sorprendentemente, para 2011, año para el que se anuncia una política con asignaciones de gasto que privilegian el desarrollo social, la seguridad y el desarrollo económico, se plantea una reducción a sólo 4.1 por ciento del PIB de ese renglón de inversiones. Se ofrece, además, para los siguientes cinco años, una perspectiva de decrecimiento de la inversión presupuestaria, que se abatirá a 4 por ciento del PIB entre 2012 y 2015, para recuperar el nivel de 4.1 por ciento en 2016, muy por debajo del alcanzado en 2010. El muy escaso dinamismo previsto corresponde a la inversión impulsada, que suma a la presupuestaria la realizada por terceros [sobre todo extranjeros] a través de proyectos Pidiregas. De este modo la inversión pública total será de 4.4 por ciento del PIB en 2001 y ascenderá penosamente en los siguientes para llegar a 4.8 por ciento en 2016. Se antoja nuevamente inconcebible que se presente una visión de esta naturaleza, que mantiene deprimida en el mediano plazo –hasta mediados del siguiente periodo gubernamental– una de las variables básicas para el crecimiento y el empleo: la inversión pública.

Entre las propuestas de reforma tributaria contenidas en el memorando destaca la relativa a elevar la progresividad del impuesto sobre la renta de las personas físicas, revisando los tramos de la tarifa y aumentando las tasas para los causantes de mayores ingresos a niveles comparables con los que se aplican en los países de la OCDE. Esta es una modificación inaplazable, que responde no sólo a la necesidad de elevar el aporte de esta fuente –en México, el ISR rinde una de las recaudaciones más bajas en términos internacionales– sino de corregir la flagrante inequidad que significa que la tasa marginal máxima se aplique a un tramo de ingresos que se inicia en un monto gravable cercano a los 400 mil pesos anuales (alrededor de 33 mil pesos mensuales), con el resultado de que el impuesto se torna proporcional, pierde su progresividad, a partir de un nivel de ingreso comparativamente bajo. La tasa marginal máxima de 28 por ciento está por completo fuera de la norma de la OCDE, donde las tasas máximas, aplicables a ingresos multimillonarios, son del orden de 40 por ciento.

En el memorando son igualmente prioritarias las propuestas orientadas a avanzar en la cobertura de los derechos sociales, con referencia específica a la creación de un sistema de salud y seguridad social universal; al empleo de los jóvenes; a la concesión de becas educativas; al establecimiento del seguro de desempleo, y al abatimiento de desigualdades regionales. Se reconoce la necesidad de un amplio debate nacional, impulsado por una comisión legislativa ad hoc, sobre la exigibilidad de estos derechos.