La Procuraduría General de la República (PGR) respeta la decisión de la Cámara de Diputados, pero existe una orden de captura, emitida por un juez, por los delitos de delincuencia organizada y contra la salud en contra de Julio César Godoy Toscano, afirmó el vocero de la dependencia federal, Ricardo Nájera Herrera.

El funcionario reservó las acciones que emprenderá el Ministerio Público Federal; sin embargo, fuentes de la dependencia revelaron que en los próximos días se solicitará el desafuero del legislador que hoy tomó protesta, y el cual, según la PGR, tiene vínculos con actividades criminales realizadas por el cártel de La Familia Michoacana.

En mayo de 2009 la PGR –bajo el mando de Eduardo Medina Mora– solicitó y obtuvo 34 órdenes de aprehensión en contra de 21 funcionarios estatales, 12 alcaldes de Michoacán y un juez del fuero común de esa entidad. Todos fueron llevados al penal de máxima seguridad de Nayarit luego de 40 días de arraigo, que concluyó cuatro días después de los comicios en esa entidad.

Un año después, 18 personas habían sido liberadas y 12 permanecían en el penal de Mil Cumbres, en Michoacán. Los últimos en ser liberados fueron Mariano Ortega Sánchez, alcalde de Lázaro Cárdenas –el pasado 2 se septiembre–, y el ex procurador Miguel García Hurtado, que quedó libre ayer jueves.

Hasta el momento todavía hay seis funcionarios detenidos; sin embargo, en todos los casos en los que se ha decretado su libertad ha existido un desvanecimiento de pruebas, es decir, la PGR no acreditó la responsabilidad para que se dictara sentencia a los inculpados.